El senador morenista Adán Augusto López Hernández reiteró este sábado su disposición para comparecer ante las autoridades en torno a la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias El Abuelo, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante su administración estatal y señalado como líder del grupo criminal La Barredora.
En un comunicado, López Hernández subrayó que fue él mismo quien solicitó que se investigara a fondo el caso y remarcó que no habrá encubrimientos. “El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber de trabajar para los ciudadanos, de aplicar la justicia sin distinciones y de no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado: los que participamos en este movimiento no somos cómplices de corrupciones”, afirmó.
El legislador hizo un llamado a la congruencia política y lanzó críticas contra el senador Ricardo Anaya, quien había cuestionado su responsabilidad en el nombramiento de Bermúdez. “Los mismos que hoy exigen transparencia, como Anaya, fueron los que guardaron silencio cómplice cuando no se investigaron los sospechosos accidentes en los que perdieron la vida Juan Camilo Mouriño y Ramón Martín Huerta”, señaló.
López Hernández recalcó que la exigencia de justicia no puede ser utilizada como bandera por quienes, dijo, representan los intereses de la corrupción, sino que corresponde a un movimiento que busca transformar el país. “Nosotros vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México”, concluyó.
Hernán Bermúdez Requena, detenido el 13 de septiembre en Paraguay, es considerado uno de los líderes de La Barredora, organización vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión. El exfuncionario ocupó la Secretaría de Seguridad de Tabasco entre 2018 y 2021, cuando López Hernández era gobernador de la entidad, antes de asumir la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El proceso de extradición de Bermúdez ya está en curso, mientras crece la presión política para deslindar responsabilidades sobre su paso por cargos públicos de seguridad.
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