El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrentó este domingo su primer revés político de gran magnitud tras ser derrotado en las cuatro preguntas clave del referéndum que promovía, lo que evidencia una pérdida de respaldo ciudadano apenas siete meses después de haber sido reelegido con un amplio margen. Con más del 99 % de las actas escrutadas, la opción del “No” se impuso de forma rotunda, desbaratando sus intentos de reformas estructurales en temas políticos, institucionales y de seguridad.
Los votantes rechazaron con márgenes que superan el 53 % propuestas como convocar a una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual Constitución de corte correísta, permitir la instalación de bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento público a partidos políticos y reducir el número de legisladores. La derrota refleja un creciente descontento con el rumbo de su administración, impulsado por medidas de austeridad, incremento de la violencia, confrontaciones con la Corte Constitucional y la represión de protestas sociales.
A pesar de haber emprendido una cruzada contra las bandas criminales y declarar un “conflicto armado interno”, el país atraviesa una ola de violencia sin precedentes. En 2025, los homicidios han continuado en aumento, con proyecciones que superan los 9 mil asesinatos anuales, consolidando a Ecuador como el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina. Las extorsiones y ataques con explosivos también se han intensificado, generando un clima de inseguridad persistente, especialmente en ciudades como Guayaquil.
A nivel económico, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 5 mil millones de dólares ha implicado severos ajustes fiscales. El incremento del IVA al 15 %, la eliminación de subsidios al diésel y la reducción del aparato estatal con el despido de miles de funcionarios han generado protestas significativas, particularmente de organizaciones indígenas, que se enfrentaron a una represión estatal que dejó muertos y profundizó la percepción de autoritarismo.
En paralelo, Noboa ha tenido una tensa relación con la Corte Constitucional, a la que ha acusado de obstruir su agenda de seguridad. El rechazo de varias leyes impulsó su propuesta de Asamblea Constituyente, una apuesta arriesgada que encontró resistencia no solo institucional, sino también ciudadana. Las movilizaciones lideradas por el propio presidente contra los jueces evidenciaron el nivel de confrontación entre poderes del Estado.
El uso de la fuerza también se ha reflejado en acciones polémicas como el asalto a la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas, y su posterior traslado a una prisión de máxima seguridad aún en construcción, una especie de “modelo Bukele” ecuatoriano. La difusión de imágenes del exfuncionario en condiciones precarias fue interpretada por sectores opositores como un acto de propaganda punitiva y provocó críticas internacionales.
La contundente derrota en las urnas representa más que un traspié electoral para Noboa: pone en entredicho su liderazgo, desgasta su capital político y revela una sociedad cada vez más crítica de su gestión. En un país marcado por la polarización y las crisis múltiples, el referéndum no solo fue una consulta constitucional, sino también un termómetro social que refleja los límites de una estrategia de gobierno basada en la confrontación y el endurecimiento del control.
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