El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció este lunes la imposición de la ley marcial de emergencia, argumentando la necesidad de proteger el "orden constitucional" frente a presuntas actividades "antiestatales". En una declaración televisada, el mandatario acusó al principal bloque opositor, el Partido Democrático (PD), de ser una fuerza "pronorcoreana" y de amenazar la estabilidad del país.

La medida extraordinaria llega en un contexto de creciente tensión política, luego de que el PD, con mayoría en la Asamblea Nacional, aprobara sin el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) el presupuesto general para 2025, introduciendo múltiples recortes. Además, el bloque opositor impulsó mociones para destituir al fiscal general y al titular de la Junta de Auditoría e Inspección, organismo clave para supervisar las finanzas públicas.

El anuncio de la ley marcial marca un punto de inflexión en la política surcoreana, generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional. La ley marcial otorga al Ejecutivo amplios poderes para restringir derechos civiles y movilizar fuerzas militares en asuntos internos, bajo el argumento de salvaguardar el orden constitucional.

El Partido Democrático no ha emitido una respuesta oficial inmediata al anuncio, pero expertos en política surcoreana anticipan que esta medida podría profundizar la polarización en el país y desencadenar una crisis institucional sin precedentes.

Este desarrollo se produce en un momento en que Corea del Sur enfrenta desafíos tanto internos como externos, incluyendo tensiones con Corea del Norte y la gestión de una economía global en desaceleración. La implementación de la ley marcial y sus implicaciones en el panorama político serán seguidas de cerca por la comunidad internacional.