La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó este jueves un recurso ante la Justicia para que se revoque su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en obras viales, mientras que la Fiscalía solicitó elevar la pena a 12 años al insistir en la acusación por asociación ilícita.

El recurso extraordinario, presentado por su defensa ante la Cámara Federal de Casación Penal, busca anular los fallos de primera instancia, dictado en noviembre de 2024, y de segunda instancia, emitido por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022. Ambos veredictos encontraron a la exmandataria culpable de irregularidades en la concesión de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez.

El fiscal Mario Villar también presentó este jueves una apelación para que Fernández sea condenada por asociación ilícita, lo que podría duplicar su pena y mantener su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, deberá decidir si concede los recursos extraordinarios y permite la intervención de la Corte Suprema o si los rechaza, en cuyo caso las partes podrán recurrir a un recurso de queja ante el máximo tribunal.

La sentencia original de 2022 marcó la primera condena penal contra Fernández, pero hasta ahora no ha sido detenida, ya que el fallo no es firme. El caso, conocido como "Vialidad", también involucra al empresario Lázaro Báez, condenado a seis años de prisión junto con otros exfuncionarios como el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

El proceso judicial se desarrolla en un momento clave para Argentina, ya que coincide con la reciente sanción de la "Ley de Ficha Limpia", que busca impedir que personas con condenas firmes sean candidatas en elecciones. De confirmarse la condena, esta ley podría afectar una eventual postulación de Fernández en los comicios legislativos de este año.

El futuro judicial de la exmandataria depende ahora de la Corte Suprema de Justicia, cuya decisión podría demorar meses o incluso años, en un contexto de cambios en su integración tras la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda y la posible ampliación de su composición si el Senado aprueba las designaciones propuestas por el Gobierno.