El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró su intención de llevar a cabo un plebiscito para que la ciudadanía decida de manera directa la ubicación más adecuada del nuevo centro de convenciones, una obra que ha generado posturas encontradas entre diversos sectores de la sociedad.

Durante un recorrido por el parque El Chamizal, con motivo del Domingo de Pascua, el alcalde fue abordado por ciudadanos respecto al tema. En respuesta, aseguró que su administración está comprometida con el respeto a todas las expresiones sociales y destacó que la consulta pública es una vía democrática para resolver un asunto de alto impacto urbano.

“Vamos a respetar todas las manifestaciones. Creo que la mejor salida es que la gente decida qué es lo que más le conviene a Juárez. Pero hay que recordar que, antes de eso, existe un trámite pendiente que corresponde a la Secretaría del Bienestar”, puntualizó el edil.

El proyecto ha tomado relevancia debido a la solicitud conjunta presentada por un bloque amplio de organismos empresariales locales —entre ellos el Comité Técnico del Fideicomiso del Centro de Convenciones, la Asociación de Hoteles y Moteles, Canaco, Desarrollo Económico, Index, Canacintra, Coparmex, Canadevi y la Cámara Mexicana de la Construcción— quienes han propuesto destinar ocho hectáreas del Parque Central para la construcción del recinto.

Pérez Cuéllar precisó que el área sugerida representa solo el 15% del parque y que se trata de una franja poco utilizada por la ciudadanía, lo que, a su juicio, permitiría aprovechar un espacio subutilizado para detonar una infraestructura clave para el turismo de negocios y el desarrollo económico de la ciudad.

A pesar de contar con el respaldo del sector privado, el proyecto ha encontrado resistencia por parte de grupos ciudadanos que defienden el carácter público y ecológico del Parque Central, lo que ha hecho necesario un mayor consenso social.

El alcalde reiteró que se buscará una solución concertada, y que la consulta ciudadana sería un ejercicio legítimo para garantizar transparencia, participación e inclusión en la toma de decisiones. “Será la gente quien tenga la última palabra”, concluyó.