Un total de 383 cuerpos fueron localizados en un inmueble de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que ha detonado una investigación por presunta negligencia criminal en el manejo de restos humanos. El hallazgo, confirmado por el fiscal estatal César Jáuregui Moreno, ocurrió el pasado 26 de junio tras un reporte ciudadano sobre actividades inusuales dentro de una propiedad ubicada en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Elementos de la Policía Municipal que acudieron al lugar encontraron una carroza fúnebre con dos cadáveres en su interior, así como múltiples cuerpos apilados alrededor, lo que activó el protocolo de alerta y dio paso a la intervención de la Fiscalía estatal. Según informó el fiscal en entrevista televisiva, el sitio corresponde a un crematorio que contaba con permisos vigentes y trabajaba en coordinación con al menos seis funerarias locales.

Las primeras indagatorias sugieren que los cuerpos, algunos de ellos almacenados desde 2020, fueron recogidos por la empresa bajo la promesa de ser cremados, sin que este procedimiento se llevara a cabo. “Esta empresa simple y sencillamente no realizó la tarea desde hace mucho tiempo. Recogía los cuerpos, seguramente cobraba por el servicio, y finalmente no lo hacía”, denunció Jáuregui. Los cuerpos fueron ocultados en el interior del inmueble, acumulándose en condiciones que violan flagrantemente las normas sanitarias y éticas.

Ante la magnitud del caso, las autoridades han iniciado procedimientos legales por fraude, inhumación clandestina, violaciones a la ley general de salud y trato indigno a cuerpos humanos. La Fiscalía prepara la publicación del nombre de la empresa implicada para que las familias puedan verificar si los restos que recibieron corresponden realmente a sus seres queridos.

El fiscal también confirmó que varios individuos han sido detenidos como parte del proceso judicial. En paralelo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, descartó cualquier nexo con el crimen organizado, afirmando que se trata de un caso de irresponsabilidad y falta de escrúpulos por parte de quienes operaban el establecimiento. “Fueron personas completamente irresponsables que le dieron mal uso a estas licencias”, declaró la mandataria estatal.

La investigación continuará en las próximas semanas con la identificación de los cuerpos mediante documentación disponible y otros métodos forenses. La situación ha generado indignación pública y cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión en el sector funerario del estado.