La Corte Suprema de Justicia de Brasil dictó este lunes prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro, tras considerar que violó las medidas cautelares impuestas en su contra dentro del proceso que enfrenta por supuesta tentativa de golpe de Estado. La decisión fue emitida por el magistrado Alexandre de Moraes, quien además ordenó el decomiso de dispositivos electrónicos y restringió las visitas al exmandatario exclusivamente a familiares directos y abogados.
La medida fue ejecutada por la Policía Federal, que confirmó el cumplimiento de la resolución y el registro en la residencia del exmandatario, ubicada en Brasilia. Según el fallo, Bolsonaro habría difundido mensajes a través de cuentas de sus hijos y aliados políticos incitando a movilizaciones contra el Supremo Tribunal Federal (STF) y promoviendo la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño, lo cual vulneraría la prohibición de comunicarse públicamente por medios digitales.
El juez De Moraes, principal instructor del caso por golpismo, sostuvo en su resolución que "no hay duda de que hubo un incumplimiento de la medida cautelar que le fue impuesta a Jair Messias Bolsonaro", y advirtió sobre la necesidad de medidas más severas ante la posible reiteración de conductas delictivas.
La orden judicial se enmarca en el proceso que investiga a Bolsonaro por presuntamente haber liderado una conspiración para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, tras perder las elecciones de 2022. Según la acusación de la Fiscalía, el exmandatario habría promovido reuniones con militares y ministros para discutir un posible plan para anular los comicios y perpetrar un magnicidio.
El caso cobra aún más tensión luego de que manifestaciones masivas de simpatizantes bolsonaristas se realizaran este domingo en varias ciudades del país. Durante dichas marchas, se leyó un mensaje atribuido a Bolsonaro en el que se respaldaban sanciones impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump contra los jueces del STF —entre ellas, la revocación de visas a ocho ministros y el congelamiento de bienes de De Moraes— y se exigía amnistía para los involucrados en el intento de golpe del 8 de enero de 2023.
En respuesta, Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente, calificó la decisión de la Corte como “inmoral” y “cobarde”, y anunció que impulsará en el Senado un proceso de destitución contra Alexandre de Moraes, alegando un uso político del poder judicial. “No tiene condiciones de seguir siendo magistrado”, declaró, al tiempo que afirmó tener el respaldo de “decenas de senadores” para proceder.
Desde la defensa del expresidente, sus abogados argumentaron que no existe justificación legal para la medida y que Bolsonaro no incumplió ninguna de las condiciones impuestas por el tribunal. Sostienen que el mensaje transmitido durante las marchas no constituye una violación ni un delito penal.
Con esta nueva orden judicial, Jair Bolsonaro se convierte en el cuarto expresidente brasileño sometido a detención desde el retorno de la democracia en 1985, junto con Lula da Silva, Fernando Collor y Michel Temer. Su caso representa un punto crítico en la relación entre los poderes del Estado, en un momento de elevada polarización política y creciente presión internacional sobre el sistema judicial brasileño.
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