La relación entre Colombia y Estados Unidos, tradicionalmente cimentada en una cooperación estratégica en comercio, seguridad y lucha contra el narcotráfico, atraviesa su momento más tenso en décadas. El punto culminante de esta creciente fricción se dio el pasado viernes con la revocatoria del visado del presidente colombiano, Gustavo Petro, por parte del Departamento de Estado, una medida sin precedentes que ha desatado una tormenta política y diplomática.
La decisión, que según fuentes en Washington responde a una serie de “acciones imprudentes e incendiarias” del mandatario colombiano, corona una serie de episodios de desencuentro que se han acumulado a lo largo del año, desde disputas por deportaciones hasta acusaciones cruzadas de conspiración, desacuerdos sobre política antidrogas y tensiones geopolíticas.
La crisis se remonta a enero, cuando Petro bloqueó el ingreso de dos aviones con ciudadanos colombianos deportados desde EE.UU., exigiendo un trato “digno” para sus connacionales. La respuesta del presidente Donald Trump fue inmediata: aranceles del 25 % a todos los productos colombianos. A ello le siguió un efecto dominó con represalias mutuas, restricciones consulares, y una desconfianza creciente que resquebrajó los canales diplomáticos habituales.
A pesar de los intentos de distensión en primavera, incluido el viaje de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Bogotá, la situación escaló nuevamente tras declaraciones explosivas. Noem acusó a Petro de justificar la actividad del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, calificado como organización terrorista por Estados Unidos, lo que fue rechazado enérgicamente por la Cancillería colombiana. La tensión se agravó aún más cuando Petro acusó a congresistas estadounidenses de estar detrás de una supuesta conspiración para destituirlo.
El episodio más delicado se produjo en septiembre, tras un ataque militar estadounidense en aguas del Caribe que dejó once muertos vinculados presuntamente al Tren de Aragua. Petro lo calificó de “asesinato” y acusó directamente al presidente Trump de haber ordenado la operación. Pocos días después, Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países certificados en la lucha contra el narcotráfico, aunque mantuvo la asistencia económica bajo una cláusula de interés nacional.
El discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU encendió aún más las alarmas. No solo calificó la guerra contra las drogas como un instrumento de dominación, sino que pidió un proceso penal contra los responsables de las muertes en el Caribe y cuestionó frontalmente la política antinarcóticos de EE.UU. La tensión creció aún más cuando, en una manifestación propalestina en Nueva York, el presidente colombiano llamó a “unir ejércitos” para “liberar a Palestina” y fue acusado por Washington de incitar a la desobediencia militar.
La revocación de su visa fue la respuesta inmediata del Departamento de Estado, que alegó que Petro cruzó una línea diplomática al interferir en asuntos internos de EE.UU. y promover la desestabilización desde suelo estadounidense. Petro, por su parte, acusó a Washington de violar la inmunidad que protege a los jefes de Estado durante sus visitas a la ONU, y planteó que, ante esta violación, la sede del organismo ya no debería permanecer en Nueva York.
El retiro del visado a un presidente en funciones —aún cuando su entrada al país esté protegida en contextos multilaterales— representa una ruptura simbólica y práctica en el vínculo bilateral. A ello se suma el impacto económico potencial: Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con un intercambio de más de 53.000 millones de dólares en 2024. El Tratado de Libre Comercio firmado en 2012 sigue vigente, pero podría quedar expuesto a represalias si la crisis no encuentra un cauce diplomático.
En este nuevo escenario, Colombia se enfrenta al desafío de preservar su estabilidad económica y su papel geopolítico sin romper del todo con su principal aliado hemisférico. Para Washington, el dilema radica en contener el discurso confrontacional de Petro sin romper puentes con un país que ha sido pilar de su estrategia regional. La relación bilateral, alguna vez modelo de cooperación, se encuentra hoy en una encrucijada marcada por la desconfianza, el discurso ideológico y los cálculos políticos de ambos gobiernos.
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