El gobierno de México defendió este lunes su decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra de Perú, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas anunciado por el gobierno peruano. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velazco, aseguró que la medida se tomó en estricto apego a los principios del derecho internacional y a los compromisos suscritos por México en materia de protección a perseguidos políticos.
Velazco explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó ya una nota diplomática formal al gobierno de Perú solicitando el salvoconducto necesario para que Chávez pueda abandonar el país y trasladarse a territorio mexicano, tal como lo establece la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. México, afirmó el funcionario, actuó dentro del marco legal internacional y nacional que rige este tipo de solicitudes.
En ese sentido, citó el artículo 4 de la Convención de Caracas, que otorga al Estado que concede el asilo la facultad exclusiva de determinar si existe o no persecución política. Tras una evaluación conjunta entre la SRE y la Secretaría de Gobernación, el gobierno mexicano concluyó que Chávez ha sido objeto de hostigamiento judicial, violaciones a sus derechos humanos y persecución política derivada de su cercanía con el ex presidente Pedro Castillo.
El subsecretario subrayó también que el derecho al asilo está consagrado en el artículo 11 de la Constitución mexicana, y que la legislación nacional establece con claridad los procedimientos y excepciones en estos casos. En consecuencia, la decisión de proteger a Chávez responde no solo a un compromiso con los instrumentos internacionales suscritos por el país, sino también a una obligación constitucional.
El otorgamiento de asilo ha tensado nuevamente la relación diplomática entre México y Perú, en un contexto ya marcado por el distanciamiento político desde el cambio de gobierno en Lima tras la destitución de Castillo. La cancillería mexicana ha sostenido que la protección a perseguidos políticos no constituye una injerencia en los asuntos internos de otros Estados, sino una manifestación de su política exterior sustentada en principios humanitarios.
La situación abre un nuevo episodio de fricción regional, y coloca a México en el centro del debate sobre el uso político de la justicia en América Latina, al tiempo que reafirma su histórica postura de asilo como herramienta de protección frente a gobiernos que incurren en prácticas de persecución. En los próximos días, la respuesta de Perú a la solicitud de salvoconducto será determinante para definir el rumbo diplomático de esta controversia.
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