El estado de Chihuahua volvió a convertirse en el epicentro de la violencia nacional tras un brutal ataque ocurrido durante una carrera de caballos en Parral, donde al menos ocho personas fueron asesinadas y más de una decena resultaron heridas. El evento, transmitido en vivo en redes sociales, mostró el caos y el terror que se apoderaron de los asistentes al momento en que un comando armado irrumpió a plena luz del día, desatando una balacera que dejó un escenario sangriento en el carril hípico Santa Teresa, ubicado en la carretera Parral-Jiménez.
Lejos de ser un hecho aislado, este episodio confirma el recrudecimiento sostenido de la violencia en Chihuahua. Mientras el resto del país reporta una disminución en los homicidios dolosos, la entidad acumula cifras que contradicen esa tendencia. La creciente inseguridad se ha convertido en una crisis política que golpea directamente al corazón del Palacio de Gobierno, donde la figura de Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado, comienza a resquebrajarse por las duras críticas a su desempeño y la sospecha de que su atención está centrada más en su campaña personal que en cumplir su responsabilidad institucional.
La respuesta oficial no ha logrado contener la indignación pública. La gobernadora Maru Campos encabezó una mesa de seguridad en Parral visiblemente molesta, tras verse obligada a intervenir ante la evidente descoordinación y fracaso de las fuerzas estatales para garantizar la seguridad en eventos masivos y zonas clave del estado. El despliegue posterior de 600 elementos federales y estatales fue percibido como una reacción tardía, insuficiente y sintomática de una estrategia que ha fracasado en el terreno.
En medio de esta crisis, la explicación ofrecida por Loya —quien atribuyó el ataque a una vendetta entre grupos delictivos— fue leída como un intento de desviar la responsabilidad estatal. El señalamiento de que se trató de una revancha relacionada con un homicidio previo solo puso en evidencia la incapacidad para anticipar y prevenir hechos de esta magnitud, pese a las señales claras del crecimiento de tensiones criminales en el sur del estado.
El sur de Chihuahua, históricamente disputado por el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, ha sido escenario de múltiples hechos violentos en 2025. La masacre en Parral, según reportes periodísticos, fue ejecutada por sicarios de “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez, en contra de mandos regionales de “Los Salgueiro”, una célula del Cártel de Sinaloa. A los asesinatos le siguieron narcobloqueos, enfrentamientos en municipios cercanos como Valle de Allende, y la suspensión de eventos públicos ante el temor de nuevos ataques.
El silencio de resultados y la falta de detenciones tras el ataque, sumado a una estrategia de seguridad plagada de proyectos fallidos como la Torre Centinela o los costosos arcos de seguridad, han debilitado severamente la confianza ciudadana. En paralelo, el war room de Loya Chávez se tambalea, envuelto en una creciente desaprobación por parte de los chihuahuenses que no perdonan que sus funcionarios prioricen sus ambiciones electorales sobre el mandato de garantizar la vida y la paz pública.
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