El Poder Judicial del Estado de Chihuahua enfrenta una creciente crisis de legitimidad y credibilidad, derivada de múltiples señalamientos por presuntos actos de corrupción protagonizados por el actual director general de Administración, Carlos Alberto de Lascurain Ochoa. Lejos de ser un funcionario técnico, Lascurain ha sido señalado por operar una red de negocios desde el interior del Tribunal Superior de Justicia, protegida por sus vínculos políticos con el equipo de la gobernadora Maru Campos.
De acuerdo con versiones de funcionarios y documentos en poder de organismos fiscalizadores, Lascurain ha utilizado su cargo para beneficiar a proveedores, autorizar pagos sin ejecución de obra y entregar adelantos irregulares a contratistas, lo que ha encendido las alarmas tanto en la Auditoría Superior del Estado (ASE) como en la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La gravedad de las observaciones ha provocado renuncias clave dentro de su equipo de confianza, entre ellas las de su ingeniero encargado de obra y su contadora, quienes, ante el inminente colapso administrativo, optaron por deslindarse del proyecto.
Pese a estos escándalos, Lascurain ha permanecido intocable dentro del Poder Judicial gracias a su relación directa con Palacio de Gobierno. La presencia de su hijo en el equipo de la gobernadora, dentro de la secretaría particular y la cercanía del propio funcionario con operadores políticos del primer círculo de Maru Campos explican la impunidad de la que goza. Ni la expresidenta del Tribunal, Myriam Hernández, ni la actual titular, Marcela Herrera, han logrado removerlo, pese a los constantes conflictos internos y el desgaste institucional que ha generado su permanencia.
El malestar ha llegado incluso a la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Santiago de la Peña, donde se reconoce que el tema ha escalado a niveles que podrían afectar seriamente al proyecto político del actual gobierno estatal. Se analiza ya una salida negociada para Lascurain que le permita dejar el cargo sin generar mayor ruido, en lo que parece ser un intento por salvar la imagen institucional antes de que las auditorías arrojen resultados formales.
Carlos de Lascurain llegó al Poder Judicial con un amplio historial dentro de la función pública, aunque también con antecedentes cuestionables durante su paso por instancias como la Junta Estatal de Caminos en Baja California Sur, donde también fue señalado por prácticas administrativas irregulares. A pesar de ello, fue ratificado en abril de 2022 como titular de la Dirección General de Administración del TSJ, cargo que ha usado para concentrar poder, influir en asignaciones de contratos y manejar a discreción los recursos del Poder Judicial.
A estas irregularidades se suma otro tema delicado: la duda sobre el cumplimiento de los requisitos legales para ejercer el cargo, ya que versiones internas apuntan a que podría no contar con la cédula profesional correspondiente, en contravención a lo que establece la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial.
El caso de Carlos de Lascurain representa no solo una crisis administrativa, sino un punto crítico en el discurso de combate a la corrupción que el actual gobierno estatal ha intentado mantener. La presión aumenta sobre quienes han sostenido su permanencia en el cargo, y crece la expectativa en torno a las resoluciones que emitan los órganos fiscalizadores.
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