En un intento por detener lo que calificó como una medida regresiva y nociva para la economía de Chihuahua, la diputada de Morena, Brenda Ríos, presentó una reserva desde tribuna para frenar el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento previsto en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026. Su propuesta fue clara: derogar el Artículo Segundo Transitorio de dicha ley para mantener la tasa vigente. Sin embargo, la mayoría legislativa encabezada por el PAN votó en contra, ratificando así el aumento en sus términos originales.
La intervención de Ríos no pasó desapercibida. En el recinto legislativo se encontraban representantes de al menos 18 cámaras empresariales y comerciales, testigos directos de una discusión que, lejos de quedarse en el plano técnico, fue abordada como un asunto de impacto directo al tejido económico y social del estado. La legisladora subrayó que el aumento del ISN no se trata de un simple ajuste porcentual. “Pasar del 3% al 4% no es un pequeño cambio; es un incremento del 33% en la tasa”, advirtió, y agregó que esta decisión no afecta solo cifras presupuestales, sino “el costo del empleo formal, de la inversión y, al final, del consumo en Chihuahua”.
En su argumentación, Ríos apeló a los principios constitucionales que rigen la administración del gasto público. Citando el artículo 134 de la Constitución, recordó que el Estado tiene la obligación de ejercer los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Desde esa perspectiva, cuestionó la lógica de incrementar ingresos sin antes garantizar una gestión racional del gasto. “Primero se cumple la Constitución y se ordena el gasto; y después, si hiciera falta discutir ingresos, se discute con seriedad, con datos y con legitimidad”, señaló.
Más allá de la técnica fiscal, la legisladora morenista puso énfasis en el efecto real del aumento. “El ISN no solo impacta a las empresas; toca a las y los trabajadores”, afirmó. Para ella, encarecer el empleo formal genera una reacción en cadena que presiona salarios, desincentiva la contratación y termina por trasladarse a los precios. “Cuando encareces el empleo formal, el impacto se riega como tinta en el agua”, ilustró con contundencia.
La afectación es particularmente sensible para las pequeñas y medianas empresas, advirtió Ríos, al recordar que su menor margen operativo las deja en una posición vulnerable frente a cargas fiscales adicionales. “Esto también es un tema de justicia social y de bolsillo popular”, remarcó, al denunciar que una lógica recaudatoria mal calibrada termina afectando el entorno económico en su conjunto.
En su propuesta de reserva, la diputada planteó la derogación específica del artículo que habilita el incremento al ISN, con el fin de mantener la tasa en 3% y evitar su alza al 4% en 2026. La propuesta fue votada negativamente por la mayoría panista, lo que provocó una reacción inmediata entre los representantes del sector empresarial presentes, quienes señalaron que votar en contra de esta reserva fue, en los hechos, votar en contra de los chihuahuenses, del empleo formal y de la inversión productiva.
Ríos cerró su participación con una crítica al modelo de finanzas públicas vigente, al que acusó de operar por inercia recaudatoria, sin atender los fundamentos de una gestión moderna y responsable. “Chihuahua no necesita un Estado que recaude más por inercia. Chihuahua necesita un Estado que gaste mejor, que rinda cuentas, que recorte excesos, y que entienda que el desarrollo no se construye con impuestos fáciles, sino con confianza, disciplina y competitividad”, concluyó.
La sesión dejó una huella política clara: en un escenario de polarización presupuestal, la voz disidente de Morena se alzó no solo para objetar una medida fiscal, sino para plantear un enfoque alternativo en la relación entre Estado, empresa y ciudadanía.
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