La 68 Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por mayoría el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, con una cifra histórica de $117,029,456,456.00 pesos, marcando un hito en la política presupuestal estatal. El paquete económico, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026, refleja un complejo entramado de prioridades, reasignaciones y tensiones entre las distintas fuerzas políticas.
La Ley de Ingresos proyecta que la Hacienda Pública Estatal captará poco más de 117 mil millones de pesos durante el año fiscal, provenientes de impuestos, derechos, participaciones federales, aprovechamientos, ingresos por financiamiento y otros conceptos establecidos legalmente. A su vez, el gasto neto total se distribuye con énfasis en transferencias y subsidios ($62,270 millones), servicios personales ($14,729 millones), deuda pública ($10,071 millones) e inversión pública ($2,755 millones).
El Poder Ejecutivo absorberá el 33% del presupuesto, con más de $39 mil millones asignados, seguido por los organismos descentralizados, con más de $46 mil millones, y los municipios, que recibirán poco más de $18 mil millones. Órganos autónomos, fideicomisos y los poderes Legislativo y Judicial también cuentan con asignaciones relevantes.
Durante la discusión en lo particular, se aprobaron diversas reservas que introdujeron ajustes al proyecto original, destacando un enfoque más marcado en salud pública, atención a víctimas, equidad de género y combate a la corrupción. Una de las reservas más significativas fue impulsada por las diputadas Nancy Frías Frías (PAN) e Irlanda Márquez Nolasco (PT), que redirige cerca de 1.9 millones de pesos del Instituto Estatal Electoral a la Fiscalía General del Estado, específicamente para fortalecer los salarios del personal encargado de la atención a víctimas.
En la misma línea, el diputado priista José Luis Villalobos logró reasignar 5 millones de pesos del Tribunal Superior de Justicia hacia la Secretaría de Salud, para financiar el Programa Estatal de Diabetes Infantil, una medida en concordancia con la legislación estatal sobre derechos de la niñez y salud pública. Asimismo, el diputado Jorge Soto (PAN) impulsó la reasignación de un millón de pesos del Tribunal Estatal Electoral hacia el Sistema Estatal Anticorrupción, reforzando su capacidad técnica.
Otro ajuste destacado fue promovido por Arturo Zubía Fernández (PAN), quien logró reasignar cerca de 38 millones de pesos —provenientes del Poder Judicial, el Instituto Estatal Electoral y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social— a los Servicios de Salud de Chihuahua, con el objetivo de mejorar la atención médica en el Centro de Salud de Camargo.
Por su parte, la diputada Joceline Vega Vargas (PAN) presentó dos reservas relevantes: una para reasignar más de 8 millones de pesos de la Coordinación de Política Digital al Instituto Chihuahuense de las Mujeres, con el fin de fortalecer su capacidad operativa y dignificar su estructura laboral; y otra por 2.6 millones para prevención y atención de adicciones, también desde la misma coordinación hacia los Servicios de Salud.
En esa misma lógica de enfoque social, la diputada Xóchitl Contreras (PAN) obtuvo apoyo para redirigir 7.6 millones de pesos de la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Estatal Electoral hacia la Fiscalía General del Estado, con el propósito de fortalecer su capacidad en el combate a delitos contra menores de edad.
Aunque se mantiene el aumento al Impuesto Sobre Nómina del 3% al 4% para los ejercicios 2026 y 2027 —tema que generó críticas desde Morena—, el destino de los ingresos adicionales fue definido: se aplicarán prioritariamente a inversión pública productiva, y cualquier remanente, conforme a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera.
El presupuesto aprobado refleja un equilibrio entre los compromisos financieros del Estado, como el servicio de deuda, y una narrativa que busca mostrar sensibilidad social, aunque no exenta de controversias. Las reasignaciones avaladas durante el proceso legislativo mostraron la capacidad de negociación de las distintas bancadas, pero también evidenciaron los límites de un modelo fiscal que sigue presionado por necesidades estructurales y crecientes demandas sociales.
La discusión y aprobación del paquete económico 2026 deja entrever un nuevo mapa de prioridades y resistencias en el Congreso local, con la salud, la justicia social y la transparencia emergiendo como ejes discursivos, aunque su ejecución dependerá, como siempre, del pulso político y administrativo con que se gobierne.
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