En medio de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, la diputada de Morena, Brenda Ríos, presentó una reserva presupuestaria con un objetivo claro: atender de manera urgente y estructurada la problemática del relleno sanitario de la ciudad de Chihuahua, cuya crisis ambiental y social impacta de forma directa a miles de familias, particularmente en el fraccionamiento Romanza y colonias aledañas. La propuesta fue desechada por mayoría, con los votos del PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano. Morena votó a favor.
Desde tribuna, Ríos denunció que el conflicto ha escalado más allá del ámbito técnico para convertirse en una crisis socioambiental con consecuencias palpables en la vida cotidiana de las personas. “Olor permanente, humo, plagas… y una preocupación real por su salud”, describió la legisladora, quien cuestionó el abandono institucional frente a una situación que —según advirtió— ya desbordó cualquier lógica de soluciones parciales. “Este problema ya rebasó a la ciudad y a la política de parches”, afirmó con firmeza.
La reserva presupuestaria planteaba una reasignación de 100 millones de pesos del capítulo de Servicios Personales de la Secretaría de Hacienda —cuya partida supera los 1,280 millones— para crear un Programa Especial Estatal dirigido a la remediación integral del relleno sanitario, incluyendo su incorporación expresa en los anexos del Presupuesto 2026 con metas, evaluación e indicadores públicos.
Brenda Ríos explicó que dicho programa tendría tres componentes clave: acciones inmediatas de saneamiento y mitigación ambiental, una estrategia de salud pública con monitoreo y atención preventiva, y mecanismos de transparencia para asegurar control democrático sobre los resultados. “La gente tiene derecho a saber qué se hace y qué resultados hay”, enfatizó.
Desde la bancada de Morena se advirtió que votar en contra de etiquetar recursos para esta problemática no es un simple desacuerdo técnico, sino una decisión con consecuencias tangibles sobre derechos fundamentales. “Cuando un problema se respira todos los días, se vuelve una prioridad presupuestaria”, señaló Ríos, al destacar que el impacto ambiental compromete directamente el derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el marco constitucional.
La legisladora también subrayó el componente político de la omisión institucional. “Frente a afectaciones a la salud y a la calidad de vida, la falta de acción ya no puede justificarse como trámite administrativo: la omisión ya no es administrativa, es política”, acusó.
La reserva fue rechazada sin que se propusiera una alternativa específica para enfrentar la situación. Morena, por su parte, reiteró su compromiso de seguir impulsando una solución estructurada con recursos etiquetados, metas verificables y seguimiento público. En palabras de Ríos: “por el bien de todos, primero los chihuahuenses”.
La sesión dejó en evidencia un profundo desacuerdo sobre prioridades presupuestales y una creciente tensión entre demandas ciudadanas y decisiones legislativas que, en este caso, optaron por no comprometer recursos para atender una crisis que se vive —literalmente— en el aire.
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