En una votación mayoritaria, el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua avaló un amplio paquete de reformas fiscales que impactan al Código Fiscal del Estado, la Ley Estatal de Derechos, la Ley de Hacienda y la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y sus Municipios. El dictamen aprobado busca modernizar el marco jurídico fiscal local, dotar de mayor certeza a los contribuyentes y adecuar la normativa a las necesidades operativas y financieras actuales del Estado, sin que ello implique, según se argumentó, una intención meramente recaudatoria.
La presentación del dictamen estuvo a cargo de la diputada Joceline Vega Vargas, en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Durante su intervención, subrayó que las reformas responden a una lógica de sostenibilidad financiera para los servicios públicos, acompañada de una visión de eficiencia, economía, transparencia y respeto a los derechos humanos.
En el caso del Código Fiscal del Estado, se redefinieron conceptos clave como las contribuciones, incluyendo explícitamente las aportaciones de seguridad social, y se reforzó el principio de certeza jurídica al establecer que las resoluciones administrativas favorables a particulares solo podrán ser modificadas por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. También se ajustaron los plazos y procesos para la atención de promociones fiscales, y se actualizaron reglas relativas a la condonación de multas, el embargo y enajenación de bienes, así como los medios de defensa de los contribuyentes, eliminando disposiciones que habían quedado obsoletas.
Por su parte, la Ley Estatal de Derechos fue objeto de una actualización integral de cuotas, expresadas en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), aplicables a servicios públicos como los del Registro Público de la Propiedad, dependencias ambientales, universidades tecnológicas, servicios culturales, de salud y de seguridad pública. Se incorporaron nuevos conceptos, se eliminaron figuras desactualizadas, y se buscaron criterios más claros y proporcionales para el cobro de derechos, en un esfuerzo por transparentar los costos para la ciudadanía.
En cuanto a la Ley de Hacienda del Estado, se reformaron artículos vinculados al objeto y tasa de diversas contribuciones, excluyendo ciertos derechos de la base gravable de algunos impuestos y estableciendo con mayor precisión el destino de los ingresos recaudados. En este punto, se destacó la asignación de recursos adicionales al fortalecimiento de las universidades públicas del estado, particularmente la UACH y la UACJ, tanto mediante convenios federales como a través de transferencias directas.
También se realizaron modificaciones relevantes a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado y sus Municipios, con el objetivo de regular de manera más puntual la convocatoria y periodicidad de la Reunión Estatal y de la Comisión Permanente, mecanismos clave para la relación fiscal entre el Estado y los municipios.
Uno de los aspectos más sensibles de la reforma quedó establecido en los artículos transitorios, donde se ratifica que, durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027, se aplicará una tasa del 4% al Impuesto Sobre Nómina, en lugar del 3% vigente hasta ahora. Estos ingresos adicionales deberán destinarse prioritariamente a inversión pública productiva y, en segundo término, a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
No obstante este aumento, se especificó que las contribuciones extraordinarias establecidas en decretos anteriores —como los de 1994 y 2012— se seguirán calculando sobre la base de una tasa del 3% del ISN, es decir, no experimentarán incremento alguno.
Con esta reforma fiscal integral, el Congreso de Chihuahua impulsa una reorganización normativa que no solo redefine conceptos y procedimientos, sino que también reorienta la política financiera estatal hacia rubros estratégicos como la educación, la salud y la inversión pública. La expectativa oficial es que esta nueva arquitectura fiscal facilite una gestión más clara, moderna y responsable de los recursos públicos, aunque su implementación concreta y el efecto sobre la economía real serán puestos a prueba en los próximos ejercicios presupuestales.
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