La reciente reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México, que incluye el concepto de propiedad social junto a la propiedad privada y pública, ha generado controversia y preocupación entre los ciudadanos. Sin embargo, autoridades y expertos aseguran que la propiedad privada sigue estando protegida, disipando así los temores de posibles expropiaciones arbitrarias.

El cambio en la redacción del artículo 3, publicado por el gobierno local, desató una oleada de críticas en la red social X (anteriormente Twitter). Usuarios expresaron su preocupación al interpretar que el nuevo lenguaje podría permitir al gobierno despojar a los ciudadanos de sus bienes. Sin embargo, el diputado local Diego Garrido, quien supervisó la dictaminación de esta reforma, aclaró que la modificación no representa un riesgo para la propiedad privada.

Garrido explicó que, aunque la propuesta original del jefe de Gobierno, Martí Batres, incluía la introducción del concepto de "propiedad social", se colocó un candado en la redacción final para garantizar que la propiedad privada siga protegida bajo los términos del artículo 27 de la Constitución federal.

"El gobierno no tiene ningún derecho de quitar los bienes a los ciudadanos. Esta reforma no dice eso", enfatizó Garrido en una entrevista con El Sol de México. Añadió que la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el PAN, se aseguró de que la protección de la propiedad privada se mantuviera intacta en la Constitución de la Ciudad de México.

Abogados especialistas también han desmentido las afirmaciones alarmistas sobre la reforma. Gerardo Carrasco, abogado, señaló que la facultad de expropiar ha existido en México desde antes de esta reforma, siempre bajo los lineamientos del artículo 27 constitucional, que estipula que las expropiaciones solo pueden realizarse por causa de utilidad pública y con indemnización justa.

Por su parte, Carla Escoffié, abogada especializada en derechos humanos y vivienda, afirmó que la reforma simplemente alinea el texto de la Constitución capitalina con lo que ya establecía la Constitución federal, sin introducir cambios que pongan en riesgo la propiedad privada.

A pesar de la confusión inicial generada en redes sociales, la reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México no pone en peligro la propiedad privada. Los legisladores y expertos han reiterado que la protección de los bienes privados sigue vigente y que cualquier intento de expropiación deberá cumplir estrictamente con los requisitos establecidos en la ley. El diputado Diego Garrido aseguró que el Grupo Parlamentario del PAN está listo para defender a los ciudadanos ante cualquier amenaza a sus propiedades.