En un acto histórico en la Sierra Tarahumara, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto que devuelve más de 2,100 hectáreas de tierras comunales a las comunidades indígenas rarámuri, avanzando en la lucha por la justicia territorial para los pueblos originarios.

Las tierras restituidas incluyen 693 hectáreas de los Bosques de San Elías Repechique y 1,485 hectáreas en Guasachique, ambas pertenecientes al pueblo rarámuri en Chihuahua. Esta acción fue recibida con entusiasmo por las comunidades, quienes han luchado durante décadas por la recuperación de sus territorios.

“Este es un momento de alegría y esperanza para nuestra comunidad. Esperamos que se atiendan de fondo los problemas que aquejan a nuestra gente”, expresó Luis González Rivas, gobernador tradicional de Mogótamo, durante el evento.

A pesar del avance, las comunidades indígenas señalaron la necesidad de atención a problemas persistentes, como la falta de acceso a servicios básicos, alimentación y cuidado ambiental. González Rivas destacó la urgencia de fortalecer la coordinación en el manejo de cuencas, combatir la tala ilegal, reforestar, y vigilar proyectos turísticos y mineros que amenazan su bienestar.

Sheinbaum subrayó que esta acción es parte de un plan de justicia más amplio que busca cerrar una deuda histórica con los pueblos indígenas. Además, anunció iniciativas adicionales, como la construcción de caminos artesanales y la mejora de infraestructura educativa con escuelas equipadas con comedores para los menores.

“No crean que porque llegamos hoy, entregamos estas tierras y ya nos vamos. Vamos a seguir con el plan de justicia para la Sierra Tarahumara”, afirmó.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, respaldó la iniciativa y destacó la colaboración con el gobierno federal para mejorar las condiciones de vida en la región, subrayando la complejidad de la Sierra Tarahumara, que abarca 19 municipios y más de 60,000 kilómetros cuadrados.

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel, titular de Sedatu, señaló que esta restitución es parte del Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas, implementado desde 2021, y que busca garantizar derechos fundamentales, como la tierra, la identidad y la cultura.

Este acto representa un paso significativo en la reparación histórica de las comunidades indígenas y reafirma el compromiso del gobierno federal con los derechos de los pueblos originarios de México.