La bancada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua denunció la falta de atención del Gobierno estatal hacia las personas con discapacidad, especialmente aquellas que tienen entre 30 y 64 años, sector que, aseguran, ha sido ignorado en los planes de apoyo social.

La diputada Herminia Gómez Carrasco manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Ejecutivo estatal a las solicitudes de este grupo vulnerable, señalando que a pesar de que se ha pedido la creación de una ley de inclusión, el gobierno no ha tomado medidas concretas. Además, acusó que el presupuesto estatal no contempla recursos suficientes para atender las necesidades de estas personas.

El coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, recordó que en diciembre de 2024 se propuso una reserva de 606 millones de pesos para garantizar apoyos a personas con discapacidad en este rango de edad, pero el Congreso rechazó la iniciativa, impidiendo que los fondos fueran destinados específicamente a este fin.

Estrada subrayó que la reforma constitucional aprobada ese mismo mes obliga al Estado a atender a este sector, por lo que calificó la decisión del Congreso como una violación a los derechos constitucionales de las personas con discapacidad. En respuesta, Morena presentó el 27 de enero una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para exigir el cumplimiento de estos derechos.

Asimismo, el diputado recordó que en 2022 la gobernadora firmó un convenio en Yucatán, junto con otros 22 mandatarios estatales, para impulsar una pensión universal para personas con discapacidad. Sin embargo, hasta ahora, Chihuahua no ha concretado dicha pensión debido a la falta de acción del gobierno estatal.

Los legisladores de Morena recalcaron que esta no es solo una cuestión de voluntad política, sino de cumplir con la Constitución, que establece el derecho de las personas con discapacidad a recibir apoyo y atención en igualdad de condiciones. Finalmente, expresaron su expectativa de que la Corte resuelva a favor de su acción de inconstitucionalidad y obligue al gobierno estatal a garantizar estos derechos.