El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró nulos los créditos fiscales determinados en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, su esposa Bertha Gómez Fong y la empresa Hidroponia de Parral S.A. de C.V., tras considerar ilegales las notificaciones y procedimientos llevados a cabo por la Secretaría de Hacienda estatal durante la administración de Javier Corral.
Según confirmó el abogado Luis Humberto Delgado Alba, el fallo definitivo también fue ratificado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17º Circuito, por lo que las autoridades fiscales, tanto estatales como federales, quedan impedidas legalmente para ejercer acción alguna sobre los adeudos cancelados.
Los créditos fiscales anulados corresponden a $2.49 millones de pesos en contra de Duarte por Impuesto Sobre la Renta, y más de $13.6 millones de pesos a la empresa Hidroponia de Parral por ISR e IVA, este último considerado inaplicable según la ley en actividades ganaderas y agrícolas. Con actualización, multas y recargos al mes de junio de 2025, los adeudos ascendían a más de $101 millones de pesos.
El litigio se origina en auditorías iniciadas en 2018 y 2019 mientras las oficinas de las empresas de Duarte se encontraban aseguradas por la Fiscalía General del Estado desde 2017. Durante ese periodo, los espacios fueron saqueados y vandalizados, situación que impidió a los contribuyentes enterarse del proceso fiscal en su contra, lo que fue reconocido por el Tribunal como violación al debido proceso.
A raíz de la resolución, el Estado de Chihuahua deberá devolver al exgobernador dos propiedades localizadas en Parral, incluido el terreno y pozo agrícola conocido como “La Tomatera”, actualmente integrado al proyecto de infraestructura hídrica “El Verano”. Asimismo, deberá restituir maquinaria, equipo e instalaciones en el estado en que se encontraban, además de indemnizar los daños por obsolescencia conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En rueda de prensa, Duarte denunció el carácter político de las auditorías promovidas por la administración de Corral, a quien acusó de haber actuado con intencionalidad punitiva más que con fines fiscales. “Se trata de auditorías ilegales que jamás fueron notificadas y se realizaron sobre inmuebles que estaban asegurados, saqueados y quemados”, expresó el exmandatario.
El caso abre un nuevo capítulo en la disputa judicial que César Duarte mantiene contra su sucesor, y pone bajo escrutinio el uso del aparato fiscal en procesos de naturaleza política, a la par de obligar al Estado a asumir las consecuencias legales y patrimoniales de un procedimiento anulado por violaciones de forma y fondo.
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