El gobierno de la Ciudad de México confirmó este martes el asesinato de dos funcionarios en un ataque directo ocurrido en la alcaldía Benito Juárez. Las víctimas fueron identificadas como Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor de su equipo cercano. El hecho ha provocado una profunda conmoción en el aparato institucional y entre la ciudadanía capitalina.

El ataque se registró alrededor del mediodía en la intersección de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna. Según reportes preliminares, los funcionarios fueron interceptados por agresores que viajaban a bordo de una motocicleta y que abrieron fuego de manera directa mientras las víctimas se desplazaban por la zona.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activaron de inmediato los protocolos de investigación, en coordinación con instancias federales. Se están revisando las cámaras de videovigilancia del C5 y de la zona para identificar la ruta de escape y a los posibles responsables. “El compromiso es claro: no habrá impunidad. Los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”, aseguró el gobierno capitalino en un comunicado oficial.

El doble homicidio ocurre en un contexto especialmente delicado, al tratarse de integrantes del primer círculo del gobierno de Clara Brugada, quien hasta el momento no ha emitido una declaración pública directa, pero sí ha hecho llegar condolencias a las familias de las víctimas a través de sus voceros.

Diversos actores políticos han condenado el crimen, y se espera que en las próximas horas la jefa de Gobierno encabece una reunión de seguridad para dar seguimiento al caso. En tanto, las autoridades han reiterado que se brindará acompañamiento integral a los familiares de las víctimas, y que no se escatimarán recursos en la búsqueda de los responsables.

Aunque las investigaciones apenas inician, las autoridades han señalado que todo apunta a un ataque dirigido, lo que eleva la preocupación por el nivel de violencia y los riesgos que enfrenta el personal gubernamental, incluso en zonas de alta vigilancia como la alcaldía Benito Juárez.

El caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de reforzar los esquemas de protección a funcionarios y el combate a estructuras delictivas con capacidad operativa en zonas urbanas densamente vigiladas. Por ahora, la ciudad permanece atenta a los avances de una investigación que podría tener implicaciones más profundas sobre la seguridad política en la capital.