Los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Alfredo Chávez y Saúl Mireles, han presentado una iniciativa ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado con el objetivo de modificar los requisitos para solicitar la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo Estatal. La propuesta busca aumentar los porcentajes necesarios y ajustar los plazos para presentar solicitudes de revocación.

Actualmente, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, en su Artículo 57, establece que para solicitar la revocación de mandato del gobernador se requiere al menos el cinco por ciento de la ciudadanía registrada en la lista nominal del Estado. La reforma propuesta por Chávez y Mireles pretende elevar este umbral al diez por ciento y agregar que la solicitud debe contar con apoyo en al menos la mitad más uno de los municipios de la entidad.

Además, la iniciativa sugiere modificar el Artículo 57 para que el resultado de la revocación sea vinculante solo si al menos el 40 por ciento de la lista nominal del Estado participa en la votación, y si la mayoría absoluta de esos votantes se pronuncia a favor de la remoción del titular del Poder Ejecutivo Estatal. Actualmente, el umbral es del 35 por ciento.

En cuanto a la revocación de mandato para cargos de presidencia municipal, sindicatura o diputación, la propuesta sugiere que la solicitud y ejecución de la revocación solo pueda realizarse durante los tres meses posteriores a la mitad del mandato. Esta medida se incluye en una modificación al Artículo 60.

Mireles Corral explicó que la propuesta tiene el objetivo de alinear la normativa estatal con la federal, que ya contempla estos requisitos y porcentajes. Según Mireles, esta adecuación no representa una regresión, sino una armonización con las normativas vigentes en el resto del país.

La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos solicitar la conclusión anticipada del mandato de un gobernante por pérdida de confianza. En caso de que la revocación sea aprobada, un nuevo funcionario asumiría el cargo para completar el periodo constitucional restante.