La Cámara de Diputados aprobó este martes con 327 votos a favor y 118 en contra una reforma constitucional que modifica los artículos 4° y 5° para prohibir la comercialización de cigarros electrónicos y vapeadores, así como la venta y consumo de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. La reforma, impulsada por el grupo parlamentario de Morena, busca garantizar el derecho humano a la salud y frenar los daños causados por el consumo de estas sustancias, especialmente en menores de edad y jóvenes.

Tras la aprobación del dictamen en lo general, se presentaron entre 30 y 40 reservas en lo particular, de las cuales solo una fue aceptada. La propuesta, presentada por la morenista Guadalupe Ortega Tiburcio, tenía el propósito de incluir todas las reformas del denominado Plan C que han sido avaladas en meses recientes, para evitar que la enmienda de hoy las anule de facto.

Esta modificación provocó que el grupo parlamentario del PAN señalara que, a diferencia de la reforma del pasado 21 de noviembre, que extinguió siete organismos autónomos sin tomar estas precauciones, en esta ocasión Morena y sus aliados buscaron asegurar la viabilidad de las reformas previas.

El morenista Gerardo Ulloa, durante el debate, destacó que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, al menos un millón de adolescentes y 15 millones de adultos son usuarios regulares de tabaco, con graves consecuencias para su salud. Ulloa subrayó que la reforma busca intervenir de manera decidida para evitar que el consumo de tabaco y otras sustancias siga afectando a la población.

Por otro lado, aunque el PAN y el PRI apoyaron la reforma en lo general debido a su enfoque contra el fentanilo, expresaron su desacuerdo con la prohibición de los cigarros electrónicos. Consideran que esta medida no frenará el uso de estos productos y podría generar efectos no deseados.

El partido Movimiento Ciudadano, que votó en contra de la reforma, argumentó que la prohibición no desincentiva el consumo, sino que fomenta la creación de un “mercado negro” controlado por grupos delincuenciales, impidiendo que los consumidores conozcan lo que adquieren. Además, los críticos de la reforma advirtieron que la prohibición podría impedir la recaudación de alrededor de 12 mil millones de pesos anuales por el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

Durante la discusión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, criticó la reforma, señalando que no se trata de una cuestión de salud, sino de la libertad de elegir lo que los ciudadanos consumen. Comparó la prohibición de los vapeadores con la de otras sustancias como el alcohol, sugiriendo que, al igual que con las bebidas alcohólicas, la prohibición no detiene el consumo, sino que crea mercados informales.

Por su parte, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba defendió los cigarros electrónicos como una alternativa menos dañina a los productos tradicionales de tabaco, y cuestionó la decisión de incluir en el mismo dictamen la lucha contra el fentanilo y la prohibición de los vapeadores.

La minuta aprobada será enviada a la Cámara de Senadores para su revisión y posible aprobación. Mientras tanto, el debate sobre la regulación de los productos relacionados con el tabaco y las drogas sintéticas continuará siendo un tema polarizante entre los legisladores, con opiniones divididas sobre cómo abordar de la mejor manera los riesgos para la salud pública sin afectar la libertad individual.