La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este lunes la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía, argumentando que se trata de una herramienta indispensable en materia de seguridad. En su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la medida busca agilizar el acceso a información relevante en investigaciones judiciales y operativos de inteligencia, sin vulnerar la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

Sheinbaum explicó que actualmente, si una autoridad necesita información de una persona vinculada a un delito —por ejemplo, en una investigación de homicidio— debe enviar una solicitud formal al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que implica demoras de varios días. La propuesta busca optimizar ese proceso permitiendo que la Secretaría de Seguridad y otras instancias del gabinete de seguridad puedan acceder a dicha información de manera más eficiente, siempre bajo el amparo legal correspondiente.

“Lo que queremos es que, si el secretario Omar García (Harfuch) necesita un dato para inteligencia sobre una persona vinculada con un delito, no tenga que esperar días para obtenerlo del INE”, señaló. Añadió que esta iniciativa no implica la transferencia del padrón electoral, pues el INE conserva su autonomía legal y sus propios mecanismos de protección de datos.

La presidenta subrayó que esta modernización del registro poblacional no tiene fines electorales ni administrativos, sino que responde a una necesidad operativa del Estado para actuar con mayor eficacia ante el crimen organizado y otros delitos de alto impacto. La CURP con elementos biométricos formará parte del Registro Nacional de Población (RENAPO), y su uso quedará circunscrito a funciones autorizadas por ley.

El planteamiento ha generado debate entre especialistas en privacidad de datos y derechos civiles, quienes alertan sobre los riesgos de una centralización excesiva de información personal sensible. No obstante, desde el Ejecutivo se insiste en que el acceso estará regulado y restringido a casos justificados, con mecanismos de control institucional.

La estrategia forma parte de un rediseño más amplio del sistema de identificación ciudadana, con el que el gobierno busca dotar de mayor capacidad operativa a las instituciones de seguridad, sin comprometer los derechos fundamentales. En un contexto donde el combate al crimen requiere agilidad e inteligencia, la presidenta considera que esta herramienta puede representar una ventaja crucial sin transgredir el marco legal vigente.