El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó este lunes que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha tomado formalmente posesión del rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, señalado como un presunto centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La toma del predio marca el inicio de una etapa clave en las investigaciones, centrada ahora en el trabajo pericial que permitirá esclarecer con precisión qué ocurrió en ese lugar.

En su declaración, Gertz Manero indicó que se ha instruido a los peritos de la FGR a entregar informes detallados y con plazos definidos sobre los hallazgos en el terreno. “Nos deben dar un plazo específico claro por días de qué es lo que nos van a informar pericialmente”, afirmó el fiscal, quien subrayó que los resultados deberán ser dados a conocer de forma pública y secuencial, atendiendo a la gravedad del caso.

La ocupación formal del rancho por parte de la Fiscalía representa un paso importante tras semanas de revelaciones parciales y declaraciones cruzadas sobre la naturaleza del sitio, que fue identificado inicialmente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como un centro clandestino de adiestramiento paramilitar operado por El Lastra, presunto integrante del CJNG y actualmente detenido.

El predio se encuentra bajo escrutinio nacional e internacional, ante versiones que lo vinculan no sólo con actividades de reclutamiento forzado y adoctrinamiento, sino también con presuntas violaciones graves a derechos humanos, incluyendo tortura y ejecuciones extrajudiciales. No obstante, hasta ahora, las autoridades han evitado calificarlo como “campo de exterminio”, señalando que esa categorización dependerá del resultado de las pruebas forenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la verdad sobre lo ocurrido en Izaguirre debe ser esclarecida con plena transparencia, tanto por respeto a las víctimas como por la legitimidad institucional del Estado. En ese sentido, la promesa de Gertz Manero de divulgar los hallazgos de manera progresiva representa un compromiso directo con la opinión pública, en uno de los casos más sensibles de los últimos años en materia de seguridad y derechos humanos.

La FGR se encuentra ahora ante la tarea técnica de identificar restos, contrastar evidencias físicas, reconstruir cronologías y deslindar responsabilidades. El país observa con expectativa el avance de estas diligencias, en un momento en que el combate al crimen organizado se entrelaza con las exigencias sociales de verdad, justicia y reparación.