Las dirigencias nacional y estatal del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la senadora de Morena, Andrea Chávez, por la probable comisión de al menos 15 delitos de orden federal, relacionados con el presunto uso indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y actos anticipados de campaña en el estado de Chihuahua.

La acusación se basa en la supuesta vinculación financiera entre la senadora y el empresario Fernando Padilla, quien —según lo difundido por diversos medios— estaría financiando caravanas de salud que promueven la imagen política de Chávez. En rueda de prensa, Daniela Álvarez, dirigente estatal del PAN, calificó estas acciones como parte de una estructura paralela que vulnera la legalidad y la equidad electoral, haciendo referencia a lo que denominó como “el Cártel de Tabasco”, en alusión al presunto uso de contratos federales para beneficiar proyectos políticos personales.

Entre los delitos señalados:

• Peculado
• Tráfico de influencias
• Cohecho
• Lavado de dinero
• Ejercicio indebido del servicio público
• Enriquecimiento ilícito
• Abuso de autoridad
• Uso indebido de recursos públicos con fines electorales
• Falsificación y uso de documentos apócrifos, entre otros
• Cuestionamientos sobre la opacidad de las unidades móviles

De acuerdo con Álvarez, las unidades médicas móviles utilizadas en las brigadas de salud presuntamente encabezadas por Chávez no cuentan con registro oficial de donación o convenio alguno, y las placas de circulación han sido retiradas, lo que —afirmó— evidencia un intento de ocultar su origen y operatividad. La dirigente señaló que las caravanas, con evidente presencia propagandística de la senadora, representan una operación millonaria cuyo financiamiento no ha sido esclarecido, estimando una inversión acumulada de más de 200 millones de pesos.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que estas acciones constituyen una campaña electoral anticipada, y criticó duramente la contradicción entre el discurso de austeridad del movimiento de Morena y lo que consideró un uso excesivo de recursos privados y públicos con fines proselitistas.

“Estamos absolutamente convencidos de que la senadora Chávez está violando la ley electoral, haciendo campaña con recursos privados, sin fiscalización, y burlando los tiempos legales”, sentenció Romero, quien también llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a deslindarse y actuar con congruencia frente a estos señalamientos.

El abogado Roberto Gil Zuarth, exsenador del PAN, fue el encargado de presentar la denuncia de hechos ante la FGR. En su intervención, sostuvo que existen elementos objetivos para suponer una red de favores entre empresas contratistas de gobiernos morenistas y la promoción personal de la senadora.

Gil detalló que hay evidencia documental de contratos por más de 2,500 millones de pesos con empresas vinculadas a Fernando Padilla, quien estaría detrás de la operación y financiamiento de los servicios médicos móviles utilizados por la legisladora.

La denuncia surge en un contexto donde Andrea Chávez ha sido señalada como una de las cartas fuertes de Morena para la gubernatura de Chihuahua en 2027. Diversas figuras del PAN consideran que estas caravanas médicas, que incluyen su imagen, nombre y presencia constante en eventos públicos, constituyen una plataforma política encubierta.

Asimismo, el periodista Carlos Loret de Mola publicó una investigación en la que detalla el presunto vínculo financiero entre Chávez y Padilla, y califica la operación como un mecanismo opaco que no ha sido registrado ni ante el SAT ni como donativo público, lo que agrava la sospecha de ilegalidad.

Hasta el momento, la senadora no ha emitido un pronunciamiento formal sobre la denuncia, aunque en mensajes previos ha defendido las brigadas como acciones sociales legítimas y acusó a sus detractores de politizar el acceso a servicios médicos gratuitos. También ha afirmado que no hay ilegalidad en aspirar a un cargo, mientras no se violen los tiempos ni los lineamientos electorales.

La denuncia ante la FGR promete convertirse en un episodio de alto impacto político, que podría reconfigurar las dinámicas de cara a la elección de 2027 en Chihuahua y alimentar la polarización entre Morena y la oposición en torno al uso de recursos y la anticipación electoral. La respuesta institucional a estas acusaciones será clave para definir los límites de la legalidad en la promoción política bajo el actual régimen.