La presidenta Claudia Sheinbaum desestimó este lunes los señalamientos sobre una presunta "lista negra" del gobierno de Estados Unidos que implicaría a varios políticos mexicanos por supuestos nexos con el crimen organizado, calificándolos de rumores sin fundamento y exigiendo pruebas claras y canales formales para su verificación.

Desde su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que, conforme a los procedimientos establecidos, cualquier investigación oficial por parte del gobierno estadounidense sobre funcionarios mexicanos debe notificarse a la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, aseguró, no ha recibido ningún reporte oficial. “Si hay una investigación, hay pruebas, tiene que darse conocimiento a la FGR y debe revisar esas pruebas. El tema aquí es que son rumores, no hay nada que haya recibido de información”, afirmó.

En un tono firme, la presidenta también sostuvo que su administración no encubrirá a ningún funcionario que resulte implicado en actividades delictivas, pero subrayó que ello debe basarse en evidencia, no en filtraciones periodísticas ni acusaciones sin sustento. “Nosotros no vamos a proteger a nadie que tenga pruebas de que está vinculado con la delincuencia o que haya cometido un acto de corrupción, siempre y cuando haya pruebas”, reiteró.

El foco de sus declaraciones se centró también en el medio estadounidense ProPublica, que dio a conocer la existencia de dicha lista y reportó que el gobierno de Estados Unidos impondría restricciones de viaje y sanciones a una serie de políticos, en una línea similar a la medida tomada recientemente contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La presidenta criticó con dureza al periodista Tim Golden, autor del reportaje, y lo acusó de publicar información sin base documental. “Primero que se tome de quién viene, porque ya tiene historia de dar información sin fuentes”, dijo, aludiendo al reportaje anterior en el que Golden aseguró que la DEA investigó presuntas aportaciones del Cártel de Sinaloa a campañas de López Obrador.

Sheinbaum también cuestionó a los columnistas y medios nacionales que han replicado esta información, acusándolos de tener una “línea” política más que una vocación informativa. “No vamos a cubrir a nadie, pero no así, en el puro chismerío de que hay quién sabe qué cosas. Tiene que haber seriedad”, concluyó.

El tema ha cobrado creciente relevancia desde que medios nacionales comenzaron a reportar que varios políticos mexicanos, entre ellos gobernadores, senadores, exfuncionarios y alcaldes, habrían sido incluidos en una lista confidencial por parte de agencias de seguridad estadounidenses, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Aunque las versiones no han sido confirmadas oficialmente, la revocación de visas —como la del caso de Marina del Pilar— ha reforzado la percepción de una acción sistemática por parte de Washington.

La postura de la presidenta apunta a blindar políticamente a su gabinete y aliados, sin cerrar del todo la puerta a una eventual cooperación jurídica. Al exigir seriedad y pruebas, Sheinbaum intenta marcar distancia con lo que considera una estrategia mediática orientada al desgaste político de la llamada Cuarta Transformación.

Sin embargo, la creciente presión desde medios internacionales y el escrutinio diplomático podrían obligar al gobierno mexicano a responder con mayor contundencia si Estados Unidos decide hacer públicas sus investigaciones. Por ahora, la jefa del Estado mexicano ha optado por contener el relato desde el centro mismo del poder, exigiendo evidencias, canales oficiales y alejando su narrativa del “ruido mediático”.