El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que el dinero vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que fue alojado en cuentas bancarias en Estados Unidos, provino de un complejo esquema de defraudación fiscal y corrupción institucional, operado a lo largo de dos sexenios consecutivos, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Tras la sentencia emitida por la jueza Lisa Walsh, de la Corte del Condado de Miami, que ordena a García Luna y a su esposa pagar más de 2,488 millones de dólares al gobierno de México, el titular de la UIF detalló el mecanismo financiero mediante el cual se sustrajeron recursos públicos que posteriormente fueron triangulados a cuentas estadounidenses, y en algunos casos reinvertidos en México.

Gómez afirmó que esta resolución judicial demuestra que los fondos involucrados no eran producto de un solo caso de corrupción, sino de un patrón sistemático de desvíos de recursos federales, que tuvo continuidad política y operativa en ambos gobiernos. “Ha quedado claro que ese dinero que salió del país y fue alojado, y después regresó, fue producto de un esquema de defraudación durante dos sexenios sucesivos. Nunca podemos hablar de transición entre un partido y otro cuando las cosas no cambiaban”, declaró, aludiendo al periodo de alternancia partidista que no significó, en su opinión, una ruptura con las prácticas corruptas del pasado.

La UIF destacó que esta sentencia valida la investigación emprendida por el Estado mexicano desde 2021, en la que se documentó cómo una red de empresas fachada y contratos simulados, firmados principalmente con dependencias de seguridad, sirvió como instrumento para la apropiación ilegal de recursos públicos que fueron trasladados a Florida mediante operaciones de lavado de dinero.

En la narrativa expuesta por Gómez, el caso de García Luna no es solo un episodio individual de corrupción, sino un reflejo de la continuidad de estructuras institucionalizadas de saqueo, donde los cambios de partido no implicaron un corte de raíz con las redes operativas del poder.

La sentencia en Miami, que ordena además la devolución definitiva de bienes adquiridos con recursos ilícitos, fue calificada como una victoria jurídica y moral para el Estado mexicano, y una muestra de que las instituciones actuales están dispuestas a enfrentar, incluso en el ámbito internacional, los saldos de impunidad de administraciones pasadas.

Con este fallo, el gobierno federal reafirma su apuesta por la recuperación del patrimonio público y el castigo a redes de corrupción transnacional, en una coyuntura donde el caso García Luna se ha convertido en emblema del vínculo entre crimen organizado y poder político.