El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que la próxima sentencia en el caso García Luna, a resolverse en una corte de Florida, irá directamente contra las empresas que formaron parte del esquema internacional de corrupción y lavado de dinero operado por el exsecretario de Seguridad Pública y su entorno cercano.

Durante su participación en la conferencia matutina de este viernes, Gómez explicó que estas compañías, creadas y manejadas por la red de Genaro García Luna, firmaban contratos con el gobierno mexicano en dólares, los cobraban en esa misma divisa, y posteriormente los transferían fuera del país, particularmente hacia Barbados, Israel y otras jurisdicciones no especificadas. “Firmaban contratos en dólares, los cobraban en dólares y los sacaban del país”, señaló el funcionario.

El titular de la UIF detalló que parte de esos recursos regresaba a México a través de transferencias encubiertas para realizar pagos que suman cientos de millones de dólares, lo que configura un entramado de desvío patrimonial con características transnacionales. En este contexto, el gobierno mexicano emprendió acciones legales también ante un tribunal en Barbados, donde las autoridades locales entregaron información clave al juzgado en Florida que actualmente integra el caso.

“La próxima sentencia se pronunciará en contra de las empresas de la trama. Nosotros nos dirigimos hacia un tribunal de Barbados por ese pleito, y entregaron al juzgado de Florida esa información con la que cuenta el juez y forma parte del proceso”, explicó Gómez. También subrayó que se ha obtenido evidencia documental sobre los traslados financieros y la ruta del dinero, lo que robustece el expediente para sancionar no solo a las personas físicas involucradas, sino a los vehículos empresariales utilizados para el lavado de activos.

Esta nueva resolución, que complementará la sentencia ya emitida contra García Luna y su esposa, refuerza la narrativa del gobierno mexicano sobre la existencia de una estructura organizada y prolongada de corrupción institucional, que no solo implicaba desvíos internos, sino un sofisticado sistema de triangulación financiera con destino en paraísos fiscales.

Con la mirada puesta ahora en las empresas fachada y la restitución de activos internacionales, el caso García Luna se perfila como una pieza clave en la estrategia del Estado mexicano para desmantelar redes de corrupción que trascendieron fronteras y operaron bajo la protección de altos cargos públicos en administraciones pasadas.