El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha decidido suspender temporalmente su campaña de redadas migratorias a discreción en sectores clave como la agricultura, la hostelería y los restaurantes, una medida que marca un giro táctico en su política migratoria ante el creciente rechazo público y los efectos negativos en la economía. La orden, transmitida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por correo electrónico, busca evitar un desgaste mayor en industrias dependientes de mano de obra migrante y en circunscripciones electorales sensibles para las elecciones legislativas de 2026.
Según reveló The New York Times y confirmaron funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca ha instruido al ICE que suspenda de inmediato “todas las investigaciones/operaciones de cumplimiento de la ley en centros de trabajo en sector de agricultura (incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne), restaurantes y hoteles”. Esta decisión se produce tras una semana de intensas protestas en Los Ángeles y otras ciudades, así como tras las propias declaraciones de Trump admitiendo que la política de redadas está generando efectos colaterales adversos.
La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aclaró que pese a esta pausa, el enfoque seguirá centrado en “sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales”. No obstante, la suspensión revela una tensión evidente entre la retórica de mano dura que caracteriza al mandatario y los costos políticos y económicos que esta estrategia comienza a generar en sectores clave para su coalición electoral.
Desde su regreso al poder en enero, Trump ha ordenado al ICE intensificar su actividad con la meta de realizar hasta 3,000 detenciones diarias. Sin embargo, las redadas masivas —particularmente en estados como California, donde la agricultura depende en gran medida de trabajadores migrantes— han derivado en ausentismo laboral, disrupción en cadenas de suministro y descontento empresarial. Algunos analistas advierten que esta decisión podría anticipar un ajuste mayor en la política migratoria si la presión social y económica persiste.
La medida llega también en vísperas de la reunión bilateral entre Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en el marco de la Cumbre del G7 en Canadá. La mandataria ha expresado públicamente su desacuerdo con el uso de redadas como herramienta migratoria y ha advertido sobre su impacto negativo en la economía estadounidense, una postura que podría sumar peso en las conversaciones diplomáticas inmediatas.
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