El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la imposición de un arancel general del 50 % a todas las importaciones provenientes de Brasil, en lo que constituye la medida más severa adoptada hasta ahora por su administración en materia comercial. La decisión fue presentada abiertamente como una represalia política ante el proceso judicial que enfrenta el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y se formalizó mediante una carta dirigida al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, publicada en la red social Truth Social. A partir del 1 de agosto, todos los productos brasileños que ingresen a Estados Unidos estarán sujetos a este gravamen adicional, independientemente de los aranceles sectoriales previamente establecidos.
En su mensaje, Trump acusó a Brasil de llevar a cabo “ataques insidiosos” contra las elecciones libres y la libertad de expresión de los ciudadanos estadounidenses, una afirmación sin sustento directo pero que revela el carácter ideológico y simbólico de la medida. Advirtió además que si el gobierno brasileño decide responder incrementando sus propios aranceles a productos estadounidenses, Estados Unidos aumentará automáticamente el porcentaje ya anunciado, lo que podría derivar en una escalada comercial sin precedentes entre ambas naciones. Aunque Trump ha justificado esta política como un ajuste “basado en sentido común” y en “años de déficits y desequilibrios”, las consecuencias inmediatas apuntan a un deterioro de la relación económica con uno de los principales socios regionales de América Latina.
El anuncio se produce justo al expirar la tregua comercial de 90 días que Trump había concedido desde el 9 de abril a sus principales socios para renegociar los términos de intercambio. Aunque el mandatario republicano amplió el lunes dicho plazo hasta el 1 de agosto, simultáneamente inició el envío de cartas a diversos países, entre ellos Filipinas, Corea del Sur, Japón y varias naciones de África y Medio Oriente, advirtiendo que si no abren sus mercados y eliminan barreras arancelarias, se enfrentarán a sanciones similares. La misiva dirigida a Lula da Silva representa, sin embargo, un cambio de tono significativo respecto a las anteriores, que eran casi idénticas salvo por el país destinatario y el porcentaje aplicado. En este caso, la motivación se centra abiertamente en el juicio a Bolsonaro, aliado político de Trump y figura clave del movimiento internacional de derecha autoritaria.
La respuesta del sector productivo brasileño no se hizo esperar. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) expresó su “sorpresa” y “preocupación” por lo que considera una medida arbitraria y sin justificación económica. En un comunicado oficial, la CNI advirtió que el impacto en la competitividad de aproximadamente 10.000 empresas brasileñas que exportan a Estados Unidos será considerable, y que incluso antes de este anuncio, un tercio de ellas ya reportaba afectaciones por los aranceles existentes. Además, subrayó que durante los últimos 15 años, Estados Unidos ha mantenido un superávit comercial sostenido con Brasil, por lo que el argumento de desequilibrio no se sostiene en los hechos. En la última década, ese superávit alcanzó los 91.600 millones de dólares en bienes, y más de 256.000 millones si se incluye el comercio de servicios.
En este escenario, el gobierno de Lula da Silva se enfrenta a una disyuntiva crítica: responder con firmeza ante una acción que vulnera principios básicos del comercio internacional, o apostar por el diálogo para contener una escalada que podría afectar la recuperación económica brasileña. De fondo, la decisión de Trump plantea un desafío mayor: la instrumentalización del comercio como herramienta de presión política, donde los principios de reciprocidad y beneficio mutuo son desplazados por la lógica de castigo unilateral. Para Brasil, país clave en las cadenas de valor global y socio estratégico de Estados Unidos en sectores como energía, agricultura y tecnología, esta medida representa una amenaza no solo económica, sino diplomática.
Trump ha reiterado que estas acciones se basan en “hechos sustanciales y en la historia pasada”, pero sus palabras delatan una intención más profunda: convertir la política arancelaria en un campo de batalla ideológico, donde las lealtades políticas pesan más que los acuerdos multilaterales o las reglas de la Organización Mundial del Comercio. La decisión de castigar a Brasil por el juicio a Bolsonaro rompe con la tradición diplomática de separación entre asuntos internos y relaciones comerciales, y abre una etapa de alta incertidumbre para los vínculos bilaterales. En este nuevo tablero, Brasil se encuentra en el centro de una confrontación que excede lo económico y pone a prueba la capacidad de sus instituciones para defender su soberanía comercial sin perder de vista los riesgos de una guerra arancelaria asimétrica.
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