La justicia federal argentina resolvió este jueves procesar al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en el marco de una causa que investiga un esquema de corrupción ligado a la contratación de seguros por parte del Estado. El fallo, emitido por el juez Sebastián Casanello, también involucra a otras 33 personas, entre ellas colaboradores cercanos del exmandatario, quienes habrían facilitado beneficios indebidos a allegados mediante el uso del aparato gubernamental.
La maniobra bajo investigación tiene su epicentro en el decreto presidencial 831, firmado en diciembre de 2021, mediante el cual se ordenaba a todas las entidades estatales contratar pólizas exclusivamente con la empresa Nación Seguros, dependiente del Banco Nación. Detrás de esta disposición, aparentemente técnica, se ocultaba un circuito de intermediación que derivó en el pago de millonarias comisiones a privados con vínculos directos con la Casa Rosada.
Uno de los principales beneficiarios habría sido Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, secretaria privada del entonces presidente. Martínez Sosa fungía como intermediario en múltiples contrataciones estatales, lo que le habría reportado ganancias desproporcionadas y sospechosas. El juez Casanello también lo procesó como partícipe necesario del delito, mientras que a Cantero se le imputaron cargos por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionaria pública.
Como medida cautelar, el magistrado impuso un embargo sobre los bienes de Fernández por un total de 14.634 millones de pesos (aproximadamente 11.6 millones de dólares), cifra que refleja la magnitud económica del presunto desfalco. La resolución también alcanzó al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, acusado de administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
El origen de la causa se remonta a febrero de 2024, tras una denuncia penal presentada por la abogada Silvina Martínez, experta en causas de transparencia institucional, quien acusó al expresidente de abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. En su presentación, Martínez señaló que el mecanismo implementado por Fernández institucionalizó un modelo de desvío de recursos a través de comisiones opacas que favorecían a un pequeño círculo de operadores afines.
Aunque Fernández aún no ha emitido una declaración oficial tras conocerse su procesamiento, el fallo constituye un golpe serio a su legado político y personal, más aún en un contexto donde la opinión pública argentina mantiene una alta sensibilidad ante los casos de corrupción vinculados a la clase dirigente. El avance judicial refuerza además el mensaje de que, aunque concluya el mandato, los actos de un jefe de Estado no quedan fuera del alcance del sistema legal, especialmente cuando se presumen violaciones al principio de probidad pública.
La causa, que sigue abierta, podría derivar en una eventual condena penal con penas de prisión de hasta seis años e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Mientras tanto, los tribunales federales continúan profundizando la investigación en busca de determinar el flujo real de los fondos, los beneficiarios finales y la posible existencia de una red mayor de complicidad dentro de la administración pasada.
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