En una apuesta por combatir con mayor eficacia uno de los delitos que más afectan a la ciudadanía y a sectores productivos del país, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó este lunes la iniciativa de reforma constitucional que busca facultar al Congreso de la Unión para legislar, con carácter general, en materia de extorsión.
Durante la conferencia presidencial, Godoy explicó que la propuesta contempla modificar el artículo 73, fracción XXI, inciso A de la Constitución, con el objetivo de incluir el delito de extorsión dentro del catálogo de ilícitos sobre los cuales el Congreso puede establecer tipos penales mínimos y sanciones. En dicho artículo ya figuran delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y delitos electorales.
“La iniciativa tiene como finalidad armonizar los tipos penales en todo el país, establecer sanciones mínimas y contar con herramientas legales que permitan una coordinación efectiva entre las distintas autoridades. La extorsión, en todas sus modalidades, requiere una respuesta institucional contundente”, detalló la consejera jurídica.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la expansión de la extorsión en diversas regiones del país, donde este delito ha mutado en formas más sofisticadas y sistemáticas, afectando desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas. Según cifras recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión es uno de los delitos con mayor subregistro debido a la intimidación hacia las víctimas, lo cual hace urgente su tipificación clara y homogénea.
La reforma permitiría establecer un marco legal nacional que no sustituye a las legislaciones locales, pero sí fija los mínimos indispensables que cada entidad federativa deberá cumplir. Esto responde a la disparidad actual en la forma en que se tipifica y sanciona la extorsión en los distintos códigos penales estatales, lo que complica su persecución y castigo efectivo.
Además de la armonización legal, la propuesta contempla el fortalecimiento de mecanismos de investigación, inteligencia financiera y colaboración entre fiscalías, con énfasis en el uso de herramientas tecnológicas y protección a las víctimas.
Godoy Ramos subrayó que el crimen organizado se ha aprovechado de vacíos normativos y de la fragmentación institucional para operar con impunidad. Por ello, afirmó, esta reforma representa un paso indispensable para consolidar una política penal integral y coordinada en uno de los frentes más urgentes de la seguridad pública.
Se espera que la iniciativa llegue este mismo día al Congreso de la Unión, donde deberá ser discutida y eventualmente aprobada por mayoría calificada, dado su carácter constitucional. De avanzar, sentaría un precedente importante en la facultad del Estado mexicano para responder de forma unificada y estratégica a los delitos de alto impacto que vulneran la paz social y la economía nacional.
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