Ante el encarecimiento del suelo urbano y la presión que ejerce la gentrificación sobre el acceso a la vivienda en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su compromiso de respaldar, dentro del marco de sus atribuciones, a las autoridades capitalinas y de otras entidades para garantizar el derecho a habitar una ciudad digna y asequible. Aunque reconoció que la competencia directa en esta materia recae en los gobiernos municipales y locales, subrayó que la Federación puede intervenir mediante esquemas de apoyo a la vivienda social.
Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática en delimitar los alcances institucionales de la acción federal: “Los municipios son autónomos y hay atribuciones constitucionales claras. Nosotros no podemos invadir esas funciones, pero sí trabajar coordinadamente para garantizar el derecho a la vida digna en las zonas urbanas”. Esta afirmación se da en un momento en que diversas colonias de la capital enfrentan alzas abruptas en los precios de renta y compra de inmuebles, motivadas por procesos de revalorización urbana asociados a la llegada de población extranjera y a dinámicas del mercado inmobiliario global.
Fuentes vinculadas al sector vivienda señalan que la administración federal ya estudia mecanismos de coordinación interinstitucional para fomentar la construcción de vivienda asequible en zonas estratégicas de alta presión urbana, particularmente en la capital, Guadalajara y Monterrey. Además, se evalúa la posibilidad de establecer un fondo de inversión social que permita a los municipios adquirir suelo para proyectos habitacionales dirigidos a sectores populares y clases medias desplazadas.
Aunque la gentrificación no figura aún como una categoría legal en las políticas de ordenamiento urbano, el fenómeno ha adquirido creciente visibilidad pública por sus efectos sociales: desplazamiento de comunidades históricas, encarecimiento de servicios y transformación acelerada del tejido barrial. En ese contexto, el respaldo federal a las políticas locales cobra relevancia no solo desde una perspectiva económica, sino como parte de un enfoque más amplio sobre el derecho a la ciudad.
La postura de Sheinbaum sugiere un enfoque pragmático: respetar las autonomías locales, pero intervenir desde lo federal en el fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas para hacer frente a un fenómeno global que impacta de forma desigual en el territorio nacional. El desafío, subraya su discurso, no es solo construir más viviendas, sino preservar la diversidad social y cultural en los centros urbanos.
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