El “cártel inmobiliario” sacude la administración de Marco Bonilla y fractura su proyecto rumbo a 2027

En el entorno del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, comienza a instalarse con fuerza la percepción de que su proyecto político está entrando en una etapa de desgaste irreversible. Lo que parecía una administración de continuidad y consolidación, hoy se ve asediada por una crisis de confianza provocada por tres problemáticas estructurales que confluyen en una sola narrativa de alto impacto: el crecimiento desordenado de la ciudad, la sospechosa permisividad en la aprobación de desarrollos inmobiliarios y la descomposición de la infraestructura urbana. Todo ello bajo el paraguas cada vez más evidente de lo que sectores críticos han bautizado como el “cártel inmobiliario”.

La primera fractura crítica es la saturación urbana generada por el cambio sistemático de usos de suelo, la aprobación de fraccionamientos en zonas sin viabilidad técnica, y la ausencia de infraestructura vial y servicios públicos adecuados. Este modelo expansivo sin planeación ha generado una crisis de movilidad, con zonas residenciales nuevas prácticamente desconectadas, vialidades rebasadas por el tráfico, y una ciudad que crece hacia donde conviene a los intereses privados, no hacia donde es sostenible para sus habitantes. La promesa emblemática de Marco Bonilla —el eje Poniente 5— ha quedado reducida a la promesa de un proyecto ejecutivo sin recursos ni calendario, confirmando la incapacidad de dar respuestas estructurales.

El segundo eje de la crisis —y probablemente el más delicado— es la creciente percepción de colusión entre funcionarios municipales y desarrolladores privados. La operación del Cabildo para aprobar a discreción nuevos fraccionamientos, incluso en zonas ambientalmente sensibles o sin estudios de impacto, ha derivado en casos con consecuencias materiales: bardas colapsadas, construcciones de baja calidad y, en el caso más grave, el fraccionamiento Monte Xenit, donde el municipio ordenó la evacuación de 32 viviendas por riesgo estructural, dejando a decenas de familias con su patrimonio en vilo. Si bien la administración ha prometido apoyo temporal, el litigio será largo y las responsabilidades administrativas y penales apenas comienzan a investigarse.

El tercer punto de tensión ha sido la vulnerabilidad estructural de la ciudad frente a las lluvias recientes, que evidenciaron la falta de mantenimiento, la ausencia de infraestructura pluvial, el colapso de calles mal pavimentadas y una red de servicios que no corresponde a una ciudad en expansión. No se trata de fenómenos atípicos, sino de una negligencia crónica en prevención, planeación y supervisión, agravada por contratos públicos opacos, compadrazgos empresariales y una administración más concentrada en construir una candidatura a la gubernatura que en sostener una ciudad funcional.

La gobernadora Maru Campos, antigua aliada política de Bonilla, ha marcado distancia con gestos y silencios. La ausencia de coordinación durante las contingencias por lluvia, así como su decisión de tomar el control de la respuesta estatal, confirma una fractura interna en Acción Nacional, donde ya se habla de un proceso de relevo anticipado para definir al perfil panista rumbo a 2027. Declaraciones recientes sugieren que la candidatura podría recaer en una mujer y que se vislumbra una contienda interna dirigida desde Palacio de Gobierno, donde Bonilla ya no es opción viable.

En ese contexto, el “cártel inmobiliario” no es solo una narrativa de oposición: es el síntoma más visible de una administración que perdió el rumbo urbano y el control político de su base social. Lo que fue un proyecto electoral sólido empieza a derrumbarse —como algunas bardas mal construidas— por su propia arquitectura institucional y ética.

Mientras tanto, en el interior del equipo cercano al alcalde, las salidas laterales comienzan a explorarse: cargos judiciales, reconversiones políticas y puentes hacia otros proyectos. La erosión avanza y con ella, la certeza de que el desgaste ya no se contiene con discursos ni promesas de largo plazo. El fenómeno que hoy sacude a Chihuahua no es solamente una crisis inmobiliaria: es una crisis de legitimidad. Y no hay obra pública ni capital político que se sostenga cuando el suelo sobre el que se construye empieza a colapsar.