La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua confirmó este jueves la emisión de dos órdenes de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda estatal, Arturo F.V., por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos por un monto superior a los 340 millones de pesos. La más reciente de estas órdenes fue liberada luego de que un juez de control negara un amparo promovido por el exfuncionario, lo que faculta a las autoridades para ejecutar su captura.
El fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, informó que el primer caso corresponde al probable peculado de 98.6 millones de pesos, mientras que el segundo, más grave, involucra un monto de 243 millones 207 mil pesos, provenientes del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (FOSECH). La denuncia inicial fue presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en marzo de 2023, por un presunto desvío de 107 millones de pesos, pero las investigaciones ampliaron el alcance a los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Además de la acción penal, la Fiscalía aseguró dos propiedades vinculadas a Fuentes Vélez en el municipio de Chihuahua:
- Un departamento de 273.92 m² en el Fraccionamiento Residencial Campestre, con gravamen total del 100%;
- Una unidad habitacional individual en la zona de Paseos de las Palmas, cuya descripción técnica está en proceso de verificación registral.
Ambos inmuebles fueron donados por el exfuncionario a su cónyuge antes de abandonar el país, en un aparente intento de insolventarse patrimonialmente, según reveló la Fiscalía. Por ello, se colocaron sellos de aseguramiento legal para impedir su enajenación o traspaso a terceros.
Las investigaciones, explicó Valenzuela, alcanzan a tres niveles de responsabilidad: quien dio la orden del desvío, quien la ejecutó, y quien recibió el beneficio directo de los recursos. El exsecretario se encuentra actualmente prófugo de la justicia, y se considera que puede estar recibiendo apoyo de redes vinculadas al sexenio de 2016 a 2021.
Con estas acciones, la Fiscalía Anticorrupción refuerza su estrategia orientada no solo a sancionar penalmente los actos de corrupción, sino a garantizar la recuperación del patrimonio público mediante el aseguramiento de bienes y la eventual reparación del daño. El caso se perfila como uno de los más relevantes en el combate a la corrupción administrativa de alto nivel en el estado, y representa un precedente importante para los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en la administración estatal reciente.
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