El exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, será inscrito oficialmente en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara su responsabilidad en un acto de exclusión hacia la entonces diputada federal Juanita Guerra, durante un evento cívico-militar en 2023.
La resolución, derivada de un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, confirmó el fallo previo de la Sala Regional Especializada, que calificó como violencia política de género la decisión de impedir a la legisladora el acceso al palco principal durante el desfile por el CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla. Aunque también se alegaron otras acciones discriminatorias, como la negativa a instalar un templete previamente autorizado o su exclusión de reuniones de organización, el tribunal determinó que el acto de mayor impacto fue su “invisibilización” en un evento público que ella misma promovió y al que fue formalmente invitada.
De acuerdo con los magistrados, dicha exclusión constituyó un agravio simbólico y práctico que vulneró los derechos políticos de la diputada, al tratarse de una mujer con cargo público en funciones. La resolución señala que esa acción generó un impacto desproporcionado en el ejercicio del cargo y en la visibilidad institucional de una representante popular.
Ante el fallo original, tanto Juanita Guerra como el propio Blanco y otros implicados presentaron impugnaciones. La legisladora argumentó que debieron sancionarse más conductas y a más personas, mientras que Blanco alegó que no se le acreditaba responsabilidad directa en la organización del evento y que no existía prueba contundente de la exclusión. Sin embargo, la Sala Superior calificó de infundadas e inoperantes dichas impugnaciones, al considerar debidamente fundada la sentencia anterior.
Como consecuencia, el exmandatario estatal será inscrito por un periodo de 18 meses en el registro del Instituto Nacional Electoral, lo que representa una sanción de consideración en el contexto político actual, al tratarse de una figura pública con aspiraciones en la vida partidista nacional.
Esta resolución consolida un precedente relevante en el tratamiento de la violencia política de género en México, al centrar la atención no sólo en discursos explícitos de discriminación, sino también en actos de exclusión simbólica y silenciosa que limitan el ejercicio pleno de derechos de las mujeres en el espacio público.
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