La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este domingo que su gobierno presentará una demanda por difamación en contra del abogado estadounidense Jeffrey Lichtman, representante legal de Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La jefa del Ejecutivo federal respondió con firmeza a las declaraciones realizadas por Lichtman, quien en medios estadounidenses acusó a la mandataria de actuar “más como el brazo de relaciones públicas que como la líder que merece el pueblo mexicano”, en referencia a sus recientes comentarios sobre la falta de coherencia en la política estadounidense respecto al narcotráfico.
“Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de narcotraficante”, sentenció Sheinbaum desde Palacio Nacional durante su conferencia matutina. “Vamos a presentar una demanda por difamación a través de la Consejería Jurídica”, añadió.
La presidenta calificó como inadmisible que un defensor legal de un criminal pretenda influir en la narrativa pública sobre la política de seguridad nacional, y recalcó que su gobierno no permitirá que voces externas vinculadas al crimen organizado intenten socavar la integridad institucional del Estado mexicano.
Las declaraciones del abogado Lichtman se produjeron tras la audiencia del pasado 11 de julio en la Corte de Distrito del Norte de Illinois, en Chicago, donde Ovidio Guzmán se declaró culpable de cargos relacionados con crimen organizado y tráfico de fentanilo. En ese contexto, Lichtman criticó duramente a Sheinbaum por sus posicionamientos públicos y cuestionó su autoridad moral en la lucha contra el narcotráfico.
Sheinbaum rechazó rotundamente estos señalamientos y reiteró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente al crimen organizado, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos internacionales en materia de justicia y cooperación legal. “No vamos a permitir que se manche la investidura presidencial ni la soberanía del país por declaraciones infundadas que vienen del entorno de quienes han provocado tanto dolor en México y en Estados Unidos”, dijo.
Con esta respuesta legal, el gobierno mexicano busca establecer un precedente frente a lo que considera una intromisión improcedente por parte de un actor externo que actúa en defensa de intereses criminales. La mandataria insistió en que la lucha contra el narcotráfico debe sostenerse desde el Estado de derecho, y no bajo la presión de declaraciones mediáticas que pretenden desviar el foco de la responsabilidad penal que enfrentan los implicados.
Te puede interesar
Lo más visto
