La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como desproporcionada la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de ordenar a una ciudadana disculparse públicamente durante 30 días consecutivos, tras considerar que incurrió en violencia política de género contra la diputada Diana Karina Barreras. A juicio de la mandataria, la medida contradice principios básicos de proporcionalidad y equilibrares entre libertad de expresión y protección de derechos políticos.
“Es un exceso, el poder es humildad, no es soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes”, señaló Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el fallo del TEPJF, que ha generado controversia en círculos jurídicos y ciudadanos por el alcance de su sanción. Si bien reconoció la importancia de establecer límites frente a expresiones sin fundamento que puedan vulnerar derechos, insistió en que las sanciones deben tener un carácter razonable y proporcional.
La presidenta admitió que en algunos casos puede ser pertinente exigir una disculpa pública, sobre todo cuando se verifica una intencionalidad dañina o se está en medio de procesos electorales, pero subrayó que el principio de justicia no puede derivar en castigos desmedidos que pongan en entredicho la libertad crítica de la ciudadanía. “Sí puede haber una sanción cuando no hubo fundamentos, y es bueno que haya una disculpa pública, pero no de esta forma”, enfatizó.
El caso de Karla María Estrella, quien fue señalada por violencia política tras emitir un comentario crítico en redes sociales hacia una legisladora en funciones, ha abierto un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión, la crítica política y la protección de los derechos de las mujeres en la vida pública. Para la presidenta Sheinbaum, el reto está en encontrar un justo equilibrio que no criminalice la opinión, pero que tampoco deje impunes los discursos de odio o de violencia.
La intervención de la mandataria no solo pone sobre la mesa el debate sobre el alcance del poder sancionador del TEPJF, sino también invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar los marcos normativos que regulan la participación ciudadana en la esfera digital, en un entorno donde el discurso público se mueve cada vez más en plataformas sociales.
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