

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este miércoles que México enfrenta una problemática seria relacionada con la producción, consumo y violencia derivadas de las drogas, en particular de metanfetaminas y fentanilo. Sin embargo, subrayó que, a diferencia de Estados Unidos, su administración está abordando el fenómeno desde un enfoque de atención a las causas, lo cual —afirmó— representa un cambio sustancial en la política de seguridad nacional.
“Sí, hay un problema relacionado con la violencia, la producción de metanfetaminas en México, nadie lo niega, pero estamos trabajando todos los días”, afirmó la mandataria federal en conferencia. Resaltó que el gobierno ha logrado decomisos relevantes de sustancias ilegales como metanfetamina, cocaína y fentanilo, lo que refleja, dijo, una acción constante y decidida por parte de las autoridades mexicanas.
Frente a los recientes señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha endurecido su retórica contra México al acusar al país de no frenar el tráfico de drogas, Sheinbaum insistió en la necesidad de mejorar los canales de comunicación diplomática para que la Casa Blanca tenga información precisa sobre las acciones que ha desplegado su administración.
“Vamos a buscar que esté bien informado el presidente Trump sobre lo que estamos haciendo”, subrayó, al tiempo que enfatizó que la estrategia nacional no se limita al uso de la fuerza, sino que también contempla inversiones sociales, programas de prevención, oportunidades educativas y proyectos de reconstrucción del tejido comunitario, particularmente en las regiones más afectadas por la violencia.
La declaración se produce en medio de una coyuntura delicada para las relaciones bilaterales, marcada por la imposición de aranceles y el endurecimiento de medidas migratorias por parte de Washington. El discurso de la presidenta busca equilibrar una postura firme en defensa de la soberanía nacional con un mensaje de cooperación responsable frente al reto compartido del narcotráfico.
Sheinbaum sostuvo que su administración seguirá apostando por una estrategia integral de seguridad pública, que articule esfuerzos sociales, judiciales y operativos para enfrentar de manera sostenible la crisis de violencia asociada al crimen organizado. A la vez, reiteró que México no puede ser responsabilizado unilateralmente por una problemática que tiene también profundas raíces en el consumo estadounidense y el tráfico internacional de precursores químicos.