Este jueves se puso en marcha en Baja California Sur el programa ‘Vivienda para el Bienestar’, anunciado por la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega. Con esta iniciativa, se construirán 34,500 viviendas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en la región, especialmente en localidades con altos índices de desarrollo, como Los Cabos, pero donde muchos trabajadores enfrentan dificultades para acceder a vivienda digna.

“Queremos que la vivienda sea vista como un derecho humano básico, no como una mercancía”, destacó Vega durante la conferencia matutina, en la que se presentó el proyecto. Además, señaló que un convenio firmado con los municipios de Baja California Sur permitirá que el programa cuente con todas las facilidades necesarias para mejorar la calidad de las viviendas, asegurando que al menos el 60% de cada terreno cuente con áreas libres.

Para asegurar que las viviendas lleguen a quienes más lo necesitan, se realizará un censo “casa por casa” en Baja California Sur, con un enfoque en hogares de bajos ingresos. El trabajo del censo ha comenzado en Los Cabos y San José del Cabo, llevado a cabo por servidores de la nación.

De las 500,000 viviendas que el gobierno construirá a nivel nacional, 25,000 serán para Baja California Sur, de las cuales 5,000 estarán destinadas al alquiler para jóvenes, con servicios completos y adecuadas condiciones de habitabilidad, señaló Vega.

El programa de ‘Vivienda para el Bienestar’ fue formalizado con la firma de un convenio entre la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Sedatu, Edna Vega, y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro. Este acuerdo establece el compromiso de los tres niveles de gobierno para impulsar la construcción de viviendas y brindar mejores condiciones de vida a las personas vulnerables en el estado.

Además de abordar el tema de la vivienda, Sheinbaum también mencionó que más del 60% de la población apoya la reforma judicial que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular, una iniciativa presentada en febrero y ratificada en las urnas el pasado 2 de junio, al ganar la presidencia y mayoría en el Congreso.