Encontronazo entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral

Ayer, se desató una intensa confrontación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a la elección judicial, un tema que no es nuevo en el sistema judicial. Desde hace meses, la competencia sobre la reforma judicial ha generado una serie de desencuentros que ahora llegan a su punto álgido.

En una sesión marcada por la división interna, la SCJN resolvió que el TEPJF no tiene jurisdicción para invalidar los juicios de amparo que se promovieron contra la elección judicial. El fallo, aprobado por mayoría de tres a siete votos, ha causado revuelo, pues se entiende como una respuesta directa a las posturas contradictorias sobre la reforma judicial.

De manera simultánea, la SCJN ordenó a los jueces de distrito que han emitido suspensiones contra la reforma judicial que revisen sus decisiones en un plazo de 24 horas. Esto no solo podría cambiar la naturaleza de las resoluciones previas, sino también afectar el curso de los juicios, haciendo que el sistema judicial se vea aún más involucrado en la disputa por los límites de su propio poder.

Por su parte, el TEPJF reaccionó de inmediato, destacando que el fallo de la SCJN le reconoce como la máxima autoridad en materia electoral. Aseguró que sus sentencias son definitivas e inatacables y que los amparos no deben frenar el proceso electoral. Además, defendió su independencia y dejó claro que no permitirá que ninguna otra autoridad judicial interfiera en su terreno.

Este episodio evidencia una creciente tensión dentro de las instituciones clave del poder judicial del país, las cuales se encuentran en un terreno resbaladizo con la reforma judicial puesta en la mesa. ¿Qué tan lejos llegarán los enfrentamientos entre estos dos tribunales? ¿Quién será capaz de poner orden en un sistema judicial que parece tambalear bajo el peso de los intereses políticos?

Reforma al INFONAVIT pasa sin problema

La reforma al Infonavit aprobada en el Senado de la República ha generado un torrente de reacciones y polémicas, dejando claro que las modificaciones a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo tienen un fuerte componente de controversia. Con 71 votos a favor, 36 en contra y dos abstenciones, el dictamen recibió luz verde en una sesión que dividió las opiniones.

El principal cambio que trae esta reforma es la modificación de los lineamientos para la administración de los recursos del Infonavit, con el objetivo de optimizar su uso en beneficio de los derechohabientes. Entre los puntos más destacados está la creación de un mecanismo que permita que el Consejo de Administración del Infonavit apruebe anualmente el presupuesto para la operación del Instituto y para la construcción de vivienda. Se plantea que los recursos administrados se destinen a la edificación de viviendas sociales a través de una empresa filial, lo que buscaría un beneficio directo para los trabajadores.

Sin embargo, la oposición ha levantado la voz, acusando a Morena de un intento de "agandallar" los recursos de los derechohabientes y de forzar a los trabajadores a adquirir viviendas en proyectos específicos que se alineen con los intereses del gobierno. Este nuevo modelo de vivienda social, que se ofrecería bajo el programa de arrendamiento o adquisición, ha sido interpretado por muchos como un intento por limitar las opciones de los derechohabientes, que perderían su libertad para decidir el destino de sus créditos.

¿Es esta reforma un intento legítimo de mejorar la vivienda para los trabajadores, o tiene un propósito oculto de control político y económico? A pesar de los beneficios propuestos, hay serias dudas sobre los efectos de esta legislación. La pregunta es clara: ¿realmente están priorizando el bienestar de los trabajadores o es parte de un juego mayor?

Andrea Chávez de gira con funcionarios del ISSSTE para supervisar instalaciones y mejorarlas

La noticia de que la senadora Andrea Chávez había solicitado licencia para evitar votar la polémica reforma al Infonavit tomó fuerza en los medios de comunicación, pero poco después, la propia legisladora salió a desmentir estas versiones. A través de sus redes sociales, Chávez explicó que su solicitud de licencia no tenía nada que ver con la reforma, sino con la urgencia de atender un compromiso previo con el ISSSTE, una institución de salud que enfrenta graves retos en el estado de Chihuahua.

Según lo relatado por Chávez, su licencia se debió a la necesidad de coordinar una gira de trabajo en varios municipios de la entidad, donde se llevarían a cabo acciones para mejorar los servicios del ISSSTE, especialmente en los hospitales y clínicas. En un video, la senadora defendió su decisión, asegurando que la salud era una prioridad, y no dudó en expresar su compromiso con la Ley de Infonavit, aunque enfatizó que su ausencia en el Senado era para atender lo que consideraba un problema aún más urgente.

Lo curioso es que, a pesar de que los medios de comunicación informaron ampliamente sobre su licencia, no hubo ninguna corrección de los mismos al respecto. La senadora aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje claro a los medios, sugiriendo que muchos de ellos habían actuado con desinformación y falta de objetividad. Sin duda, esta situación deja un sinsabor sobre el papel de la prensa y su relación con el poder.

Francisco Sánchez pide a la mafia volver a los códigos de honor

En un ejercicio que ha generado asombro y rechazo, el diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Frank Sánchez, conocido como “Fosfo”, ha lanzado un llamado insólito a los grupos del crimen organizado: "volver a los viejos tiempos". Con estas palabras, el legislador sugirió que los cárteles de la droga deberían recuperar sus antiguos códigos de honor y respetar a la población civil, evitando la violencia indiscriminada que ha marcado la guerra contra el narcotráfico en el Triángulo Dorado, un territorio que incluye partes de Chihuahua.

Este tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino que podrían estar intentando justificar o suavizar la relación entre la política y el crimen organizado. A lo largo de los últimos años, Chihuahua ha sido escenario de una lucha feroz contra los grupos criminales, cuyos métodos se han vuelto cada vez más violentos. Lo que para algunos puede parecer un simple llamado a la calma, para otros es un intento de pactar con los criminales, lo que podría poner en riesgo la estabilidad y la seguridad de la región.

El diputado “Fosfo” no solo descalificó la lucha contra el narcotráfico, sino que además puso en peligro la imagen del Congreso local con un mensaje que parece promover una especie de “pax mafiosa”. La sociedad civil no solo ha sido víctima de la violencia, sino también de políticos que parecen no entender la magnitud de la tragedia. El llamado de Sánchez Villegas debe ser tomado con seriedad y debe ser respondido con firmeza por la sociedad y las autoridades.

Mapula seguirá atorado con cargo del erario a los ciudadanos 

El secretario del ayuntamiento, Roberto Fuentes, ha quedado expuesto por su falta de experiencia, al anunciar en su primer día de funciones como alcalde interino, la realización de una inspección judicial en el terreno de Mapula, donde se ha intentado construir el nuevo relleno sanitario. Este proyecto ha estado envuelto en polémica y judicialización, lo que ha retrasado su avance y complicado aún más la situación en un municipio ya de por sí afectado por problemas de infraestructura y manejo de residuos.

Lo más curioso es que, tras hacer el anuncio de la inspección judicial, Fuentes tuvo que retractarse horas después, asegurando que la revisión quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Esto no solo ha dejado claro que el secretario no tiene control total sobre las decisiones en su despacho, sino que también ha dejado en evidencia la falta de rumbo del gobierno local.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen cargando con una deuda millonaria por el relleno sanitario, y los problemas de basura en la ciudad no muestran signos de mejora. La administración municipal ha demostrado su inexperiencia al no poder manejar una crisis que afecta a todos los habitantes, dejando un panorama de incertidumbre. ¿Hasta cuándo los tropiezos en la alcaldía seguirán siendo la norma?