COLUMNA 21 Febrero 2025

Regalo del Congreso del Estado al Poder Judicial de Chihuahua; Jubilación anticipada un desfalco
En un estado donde la mayoría de los trabajadores deben sudar décadas para alcanzar una pensión apenas suficiente, 13 jueces y magistrados del Poder Judicial de Chihuahua acaban de asegurar jubilaciones millonarias con apenas 10 años de servicio. ¿El truco? Un esquema "sui generis" diseñado a la medida de sus propios intereses.
Es alarmante cómo, bajo un velo de legalidad, se refuerza la desconexión entre la élite judicial y la realidad del pueblo. Mientras el ciudadano común se enfrenta a la inflación, a la precariedad laboral y a un sistema de pensiones cada vez más incierto, estos personajes se retiran en tiempo récord con cheques que cualquier trabajador solo podría soñar.
La aprobación de este esquema revela más que la codicia de unos cuantos. Es un espejo que refleja un sistema construido para proteger a la cúpula mientras el resto de la sociedad lidia con las migajas. ¿Habrá alguien dispuesto a dar la cara y explicar esta aberración? O, como siempre, ¿se refugiarán en el silencio y las justificaciones legaloides para mantener sus privilegios?
Hackeo a la Fiscalía: Una burla con consecuencias serias
El hackeo a la Fiscalía de Chihuahua, más allá de provocar risas, deja al descubierto la frágil seguridad de nuestras instituciones. Si una de las dependencias más sensibles del estado no puede proteger su propia información, ¿qué seguridad tienen los ciudadanos respecto a sus datos personales o la integridad de las investigaciones?
Este no es un incidente aislado, sino la evidencia de un sistema rezagado en ciberseguridad y procesos internos. No es solo un hackeo; es una llamada de atención que expone la incapacidad de nuestras instituciones para enfrentar las amenazas modernas.
Maru Campos regala nuevos predios: ¿Crecimiento Urbano o Negocio Redondo?
El Congreso del Estado aprobó la venta de tres predios en Chihuahua y Delicias, promovida por la gobernadora Maru Campos. Aunque se asegura que estas ventas impulsarán el desarrollo urbano y fortalecerán las políticas de vivienda, los detalles dejan un sabor amargo.
Enalte Desarrollos Inmobiliarios se llevó un terreno de 11,318 metros cuadrados por 8.6 millones de pesos, mientras que Muto Realitas adquirió otro predio por 3.16 millones. ¿El problema? La narrativa oficial habla de beneficios sociales, pero las cifras y la celeridad del proceso dejan dudas sobre quiénes son los verdaderos beneficiados.
Aunque se menciona una cláusula de reversión para evitar malos usos de los terrenos, la experiencia nos dice que estas "garantías" rara vez se cumplen. ¿Se trata realmente de un impulso al crecimiento urbano o de un negocio redondo para unos pocos afortunados?
Más deuda para Chihuahua, Bonilla endeuda con 570 millones de pesos a la ciudad
El alcalde Marco Bonilla acaba de firmar un crédito por 570 millones de pesos con Banco Santander, destinado a inversión pública productiva. Aunque se presume transparencia en el proceso, la realidad es que esta nueva deuda se suma a un historial financiero que ahoga cada vez más al municipio.
El Proceso Competitivo 01/2025 permitió a Santander ofrecer una tasa atractiva, pero al final del día, son los ciudadanos quienes pagarán la factura. La deuda pública, en lugar de ser una herramienta para el desarrollo, se ha convertido en una herencia tóxica que compromete el futuro de Chihuahua.
¿César Duarte, víctima o maestro del subejercicio?
El exgobernador César Horacio Duarte Jáquez se sacudió las acusaciones de un desfalco de 232.1 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en 2016, asegurando que no se trató de un robo, sino de un “subejercicio”. Sí, leíste bien: el dinero no desapareció, solo se quedó “guardadito”.
Duarte, con la seguridad de quien guarda recibos hasta de las tortillas, afirmó que al dejar el cargo, el dinero estaba en la cuenta bancaria del FASP, listo para que Javier Corral lo usara. Pero, ¿adivinen qué? El siguiente gobierno no lo tocó, y al final se devolvió a la Tesorería de la Federación. ¡Qué considerados!
Entre 2016 y 2023, Chihuahua arrastra un supuesto desfalco de 232 millones de pesos en el FASP, de los cuales casi 70 % corresponden a 2016, último año de Duarte. Sin embargo, según él, lo suyo fue un acto de responsabilidad fiscal: “dejé todo listo para que la siguiente administración tuviera recursos inmediatos para la seguridad”.
Quizá en la lógica de Duarte, el dinero que no se gasta no se pierde. Lástima que esa narrativa de “subejercicio” huela más a excusa que a justificación. Una vez más, en Chihuahua, la verdad se guarda tan bien que hasta el dinero se extravía.