La Corte Suprema de Brasil impuso este viernes nuevas y severas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, en el marco del proceso penal que enfrenta por presuntamente liderar una conspiración golpista contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Entre las disposiciones destacan la colocación de una tobillera electrónica, la prohibición de acceder a redes sociales, de contactar con diplomáticos y de acercarse a embajadas. La medida ocurre en un contexto de creciente tensión internacional, donde incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado abiertamente su respaldo al exmandatario brasileño.
Las acciones ordenadas por el Supremo se enmarcan en un nuevo proceso abierto por la supuesta injerencia extranjera promovida por Bolsonaro y su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quienes habrían buscado la intervención del gobierno estadounidense para presionar al Poder Judicial brasileño. De acuerdo con la Policía Federal, ambos habrían actuado “dolosa y conscientemente de forma ilícita”, tratando de someter las decisiones de la Corte Suprema al escrutinio de un gobierno extranjero.
Las restricciones se suman a un proceso judicial ya en marcha que podría derivar en hasta 40 años de prisión, por delitos como intento de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho. Bolsonaro, visiblemente afectado, calificó la decisión como “una suprema humillación” y reiteró que “jamás” conspiró contra la democracia ni intentó huir del país, aunque reconoció que ha sugerido viajar a Estados Unidos para “negociar” directamente con Trump, pese a tener el pasaporte retenido.
Mientras tanto, la retórica de apoyo del expresidente estadounidense ha escalado. Trump no solo ha defendido públicamente a Bolsonaro, sino que también anunció la imposición de un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, medida que justificó en parte como respuesta al juicio que considera “una caza de brujas”. El respaldo del republicano ha sido interpretado como un intento directo de interferencia en asuntos internos brasileños, lo que provocó una contundente respuesta del presidente Lula da Silva, quien exigió respeto por el sistema judicial de su país y calificó la presión estadounidense de “chantaje inaceptable”.
En paralelo, la defensa legal de Bolsonaro expresó “sorpresa” e “indignación” por las nuevas restricciones, alegando que el expresidente ha cumplido cabalmente con las exigencias judiciales y que las medidas impuestas carecen de proporcionalidad. La defensa aún no ha emitido una respuesta formal al fallo, pero anticipó que lo hará una vez conozca a detalle los fundamentos jurídicos de la decisión.
La situación ha elevado la tensión institucional en Brasil y reconfigurado el tablero diplomático con Washington, mientras se agudiza el enfrentamiento entre las instituciones brasileñas y una oposición que acusa una persecución judicial. Bolsonaro, inhabilitado para participar en los comicios de 2026 por abuso de poder, continúa apelando a un discurso de victimización política, mientras las autoridades brasileñas insisten en que se está enfrentando un intento deliberado de desestabilizar la democracia desde dentro y fuera del país.
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