El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 30 por ciento a todos los productos de origen mexicano a partir del próximo 1º de agosto, bajo el argumento de que México ha fallado en detener el tráfico de drogas, en particular de fentanilo, y que el creciente déficit comercial entre ambos países representa una amenaza a la seguridad nacional de su país.
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —publicada en su red Truth Social—, Trump acusó a México de no haber logrado frenar el avance de los cárteles y de permitir, según sus palabras, que América del Norte se convierta en un “parque de tráfico de narcóticos”. Esta medida, explicó, se toma además en el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, bajo la cual ya se habían establecido tarifas adicionales del 25 % por motivos migratorios y de combate al narcotráfico.
El anuncio llega en un momento de especial tensión entre ambas naciones, pese a que en los últimos meses se habían mantenido abiertas las vías diplomáticas. De hecho, apenas el 17 de junio, Sheinbaum y Trump sostuvieron una conversación telefónica —la octava desde enero— en la que acordaron acelerar las negociaciones para evitar una nueva escalada comercial. Sin embargo, según el mandatario republicano, el resultado fue insuficiente.
A la fecha, el 83 % de las exportaciones mexicanas entran a Estados Unidos sin pagar aranceles gracias al T-MEC, pero sólo el 47 % de los productos cumplen con los requisitos de reglas de origen, lo que abriría espacio para que gran parte de los bienes mexicanos sean objeto del nuevo gravamen. El impacto se anticipa severo, considerando que México exportó más de 505 mil millones de dólares en mercancías a EE.UU. durante 2024, consolidándose como su principal socio comercial.
Trump ha advertido que si el Gobierno mexicano decide responder con aranceles recíprocos, la tarifa se ajustará al alza automáticamente para reflejar ese incremento. Solo quedarían exentas de la nueva medida las donaciones humanitarias, los envíos menores a 800 dólares, y ciertos bienes protegidos por cláusulas del T-MEC.
Aunque la Presidencia mexicana no ha emitido una respuesta oficial hasta el momento, fuentes diplomáticas confirmaron que una delegación se encuentra en Washington para tratar de frenar la entrada en vigor de los aranceles, que coinciden con una campaña sistemática de la Casa Blanca para renegociar sus relaciones comerciales bajo criterios unilaterales.
La política arancelaria de Trump ha cobrado fuerza en las últimas semanas: Brasil recibió una notificación de sanción del 50 %, Canadá del 35 %, y la Unión Europea del 30 %. En todos los casos, el argumento ha sido una mezcla de desequilibrio comercial y supuestos riesgos a la seguridad nacional estadounidense.
Mientras tanto, el anuncio genera preocupación entre empresarios y exportadores mexicanos, que temen una afectación directa a sectores clave como el automotriz, el agroalimentario y el electrónico. La imposición de tarifas sobre productos con cadenas de suministro integradas entre ambos países podría provocar disrupciones de gran calado en la economía norteamericana.
Aunque Trump deja abierta la posibilidad de revertir o ajustar los aranceles si México logra demostrar una disminución efectiva en el trasiego de drogas y una mayor cooperación en materia comercial, la señal enviada es contundente: se avecina un nuevo periodo de tensión bilateral, en el que los términos del comercio serán definidos más por la presión política que por los tratados vigentes.
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