En los últimos ocho años, Chihuahua ha sido señalado como uno de los estados con mayores irregularidades en el uso de recursos federales destinados a la seguridad pública, con un presunto desfalco de 232.1 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

De este monto, casi el 70 por ciento, es decir, 155.2 millones de pesos, corresponden a 2016, el último año del gobierno de César Duarte, quien actualmente se encuentra preso y acusado de corrupción.

El FASP es un recurso federal dirigido a fortalecer las corporaciones policiales y las fiscalías estatales, dotarlas de mejor equipo, mejorar su infraestructura y evaluar programas de seguridad. Sin embargo, los gobiernos estatales no han logrado comprobar en qué se gastaron los recursos, lo que ha derivado en investigaciones abiertas por la ASF.

Chihuahua forma parte del grupo de cinco estados que concentran más de mil millones de pesos sin aclarar, junto con Veracruz, Aguascalientes, Colima y Coahuila. El mal uso de estos fondos pone en duda la efectividad de las políticas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de combatir el crimen en el estado.

La ASF mantiene bajo investigación 173 expedientes en todo el país relacionados con estos desvíos, y el caso de Chihuahua resalta como uno de los más significativos debido a la magnitud de los recursos involucrados y el historial de corrupción que ha marcado administraciones pasadas.