El diputado Saúl Mireles, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, expresó un enérgico respaldo a los productores ganaderos de Chihuahua tras el reciente cierre de la frontera por parte de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, una medida que —advirtió— penaliza injustamente a entidades que han cumplido con los protocolos sanitarios.
“El cierre de la frontera a la exportación ganadera es una medida que golpea directamente a quienes sí han hecho su trabajo, como lo es Chihuahua”, señaló el legislador, al tiempo que reconoció el trabajo del gobierno estatal encabezado por Maru Campos, a quien atribuyó una gestión comprometida con la sanidad agropecuaria. “Aquí se aplica un control sanitario estricto y permanente”, aseguró.
Mireles criticó que el impacto de brotes de gusano barrenador en otras regiones del país esté generando consecuencias económicas para zonas que han invertido sostenidamente en capacitación, vigilancia y cumplimiento normativo. “No es justo que quienes hacen las cosas bien paguen por la falta de control en otros puntos del país”, apuntó.
Ante esta situación, el legislador exigió a la SADER y a SENASICA una respuesta institucional más firme: una estrategia nacional clara, pública y eficaz para contener y erradicar la plaga del gusano barrenador, que afecta la movilidad y el valor del hato ganadero mexicano en su conjunto.
Mireles reiteró que el Congreso de Chihuahua se mantendrá en defensa activa del sector rural, en alianza con el Ejecutivo estatal y con los productores, para exigir al gobierno federal acciones concretas y recursos suficientes que permitan enfrentar las pérdidas económicas derivadas de decisiones que, insistió, no fueron generadas en Chihuahua.
En este contexto, la entidad fronteriza busca fortalecer su interlocución con la Federación y con autoridades estadounidenses, reivindicando su historial de cumplimiento en materia zoosanitaria y su papel clave en la economía agroexportadora del país. La postura del Congreso local subraya el creciente reclamo de federalismo operativo en la política agropecuaria, donde las responsabilidades sanitarias deben asumirse con equidad territorial y visión estratégica.
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