

Con el objetivo de brindar protección inmediata a mujeres en situación de violencia extrema, el estado de Chihuahua reactivará las Casas de Emergencia en las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, mediante una asignación de 5 millones de pesos provenientes del Presupuesto de Egresos 2025, que serán distribuidos equitativamente entre ambos centros. Esta iniciativa busca ofrecer entornos seguros a mujeres y sus hijos mientras se gestiona su incorporación a refugios de largo plazo o se determina una red de apoyo viable.
En seguimiento a la medida, la diputada Jael Argüelles Díaz, integrante de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, sostuvo una reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, en la que se delinearon las primeras acciones operativas, incluyendo la selección de proveedores, el levantamiento de necesidades y la calendarización para la reapertura de estos espacios.
Ambas autoridades coincidieron en que las Casas de Emergencia representan una herramienta esencial de contención y protección, sobre todo ante casos de riesgo inminente para la vida e integridad de las víctimas. La inversión permitirá cubrir gastos de seguridad, equipamiento, servicios básicos y atención especializada, garantizando un funcionamiento digno y seguro en cada una de las sedes.
La diputada Argüelles enfatizó que el estado de Chihuahua arrastra una deuda histórica con las mujeres y niñas, y subrayó que iniciativas como esta deben ir acompañadas de un compromiso presupuestal sostenido, con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos. Asimismo, reiteró la necesidad de ampliar la capacidad institucional para la atención integral de la violencia, más allá de las respuestas inmediatas.
La reapertura de las Casas de Emergencia cobra especial relevancia en un contexto nacional donde las estadísticas de violencia feminicida y doméstica se mantienen elevadas, y donde la infraestructura de protección suele estar limitada por falta de recursos o voluntad política. La coordinación entre el Poder Legislativo y la Fiscalía marca un paso importante hacia la construcción de políticas públicas más sensibles, articuladas y efectivas frente a uno de los problemas estructurales más graves del país.
En lo inmediato, se espera que ambos espacios entren en operación en los próximos meses, como parte de un esfuerzo mayor por recuperar capacidades institucionales y ofrecer atención especializada, profesional y oportuna a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia crítica en el estado.