El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, pronunció este jueves un enérgico discurso en defensa de su decisión de decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, justificándola como una medida necesaria para “salvar la democracia”. Sin embargo, su postura ha profundizado la división política en el país y provocado el abandono de su propio partido, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), en la votación para su destitución programada para este sábado.

Horas antes del discurso televisado de Yoon, Han Dong-hoon, líder del PPP, manifestó su respaldo a la moción parlamentaria impulsada por la oposición para inhabilitar al mandatario. Aunque inicialmente solo siete legisladores del PPP habían expresado su intención de votar a favor, el discurso del presidente, marcado por acusaciones hacia la oposición y la falta de señales de dimisión, ha generado un ambiente que podría sumar suficientes votos para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria en el Parlamento.

Han también propuso la convocatoria de un comité de ética para debatir la posible expulsión de Yoon del partido, consolidando la ruptura política.

En su discurso, Yoon defendió la imposición de la ley marcial como un acto “enormemente calibrado” para proteger la democracia de lo que llamó una “dictadura parlamentaria” ejercida por la oposición, el Partido Democrático (PD), que domina el Legislativo. Aseguró que las tropas movilizadas se limitaron a cuerpos de élite y negó haber violado la Constitución.

El presidente también acusó al PD de bloquear las funciones legislativas y aseguró que la declaración de la ley marcial incluía órdenes para investigar un supuesto fraude electoral atribuido a piratas informáticos norcoreanos.

Altos mandos militares han revelado que Yoon y el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, actualmente detenido, habrían ordenado vaciar el Parlamento por la fuerza para impedir la revocación del estado de excepción, órdenes que finalmente no fueron ejecutadas.

La oposición calificó el discurso presidencial de “delirante” y reafirmó su compromiso de destituir al mandatario, calificando sus acciones como un ataque a la población y a la democracia surcoreana.

Con la moción de destitución formalmente registrada, se requiere el voto de al menos ocho legisladores del PPP para que sea aprobada. Si esto sucede, el Tribunal Constitucional determinará si Yoon violó la Constitución, en un proceso que podría llevar al mandatario a enfrentar penas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte por delitos como insurrección.

La crisis política en Corea del Sur continúa escalando, con un presidente cada vez más aislado y una oposición decidida a impulsar su destitución para restaurar la estabilidad institucional en el país.