

Con la meta de ampliar sustancialmente el acceso a alimentos básicos de calidad, el Gobierno de México anunció este miércoles que el programa Leche para el Bienestar tiene como objetivo atender a más de 10 millones de personas para el año 2030, consolidándose como uno de los pilares de la política nacional de abasto social. Así lo dio a conocer Antonio Talamantes Geraldo, director general del programa, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta mayo de 2025, el padrón de beneficiarios asciende a 6 millones 315 mil derechohabientes, de los cuales el 60% son mujeres, lo que equivale a la atención directa de más de 3.4 millones de hogares en todo el país. Este avance representa un incremento sostenido desde el cierre de 2024, cuando se contabilizaron 6 millones 106 mil personas inscritas al programa. Para el próximo año, la meta intermedia se ha fijado en 7 millones, en ruta hacia la cobertura proyectada para el fin de la actual administración.
El crecimiento del programa también se refleja en su infraestructura. Durante 2024 se operaron 12,442 lecherías y en lo que va de 2025 ya se han alcanzado 12,586 puntos de distribución. Según Talamantes, está previsto abrir 1,500 lecherías adicionales en lo que resta del año, en coordinación con las Tiendas del Bienestar, lo que permitirá mejorar la capilaridad territorial del servicio y llegar a zonas rurales y urbanas con altos índices de carencia alimentaria.
El programa Leche para el Bienestar, heredero del histórico sistema de abasto social de Liconsa, ha sido reformulado bajo un enfoque de calidad nutricional, asequibilidad y equidad de género. Se distribuye un lácteo enriquecido, bajo en grasa y sin conservadores artificiales, considerado uno de los más completos en su tipo dentro del mercado nacional. Además, se comercializa a precios accesibles, con énfasis en población vulnerable.
Más allá de su función asistencial, la estrategia forma parte de un diseño integral de soberanía alimentaria impulsado por el gobierno federal. En este sentido, el fortalecimiento de la red de distribución, la ampliación del padrón y la calidad del producto buscan no solo combatir la desnutrición, sino también reactivar las cadenas productivas locales vinculadas al sector lechero.
Con estos datos, el programa se perfila como una de las políticas públicas emblemáticas de esta administración, al conjugar salud pública, desarrollo rural y justicia social en un modelo replicable que podría marcar la pauta para otras iniciativas de abasto alimentario en América Latina.