Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje contundente a los proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quienes exhortó a no recurrir a intermediarios o “coyotes” con la falsa promesa de acelerar pagos pendientes. La mandataria reiteró que el gobierno federal mantiene una política de “cero corrupción” en todas sus áreas, incluida la principal empresa productiva del Estado, por lo que insistió en que las gestiones deben hacerse exclusivamente por canales oficiales y sin terceros involucrados.
“No caigan en los coyotes. Si Pemex les debe recursos, es de manera directa. No tienen por qué andar usando un intermediario que no tiene capacidad de nada”, advirtió la jefa del Ejecutivo, en referencia a prácticas opacas que históricamente han permeado en los procesos de contratación y pagos dentro del sector energético.
El llamado se da en un contexto en el que persisten denuncias informales de proveedores sobre retrasos en pagos y la aparición de operadores que ofrecen —a cambio de comisiones— acelerar trámites ante Pemex. La advertencia presidencial busca cortar de raíz cualquier red informal que busque beneficiarse del flujo de recursos públicos o de la complejidad burocrática de la empresa estatal.
Fuentes del entorno energético reconocen que la transición hacia mecanismos más transparentes en Pemex ha enfrentado resistencias internas, pero aseguran que desde el arribo de Sheinbaum al poder se ha intensificado el control sobre los procesos administrativos, especialmente en lo relativo a contrataciones, pagos y licitaciones.
Con esta declaración, Sheinbaum reafirma uno de los pilares discursivos y programáticos de su administración: la lucha frontal contra la corrupción como condición indispensable para la eficacia del Estado. En el caso de Pemex, esta política se traduce en una depuración gradual de estructuras paralelas de poder, muchas de las cuales se enquistaron a lo largo de décadas de manejos discrecionales.
El mensaje también apunta a reforzar la confianza del sector privado en las instituciones públicas, al eliminar la dependencia de actores informales que, en muchos casos, fomentan prácticas de extorsión y captura administrativa. La presidenta dejó claro que en su gobierno no se tolerará ningún tipo de red de gestión paralela que desvíe o manipule los procedimientos oficiales.
En el fondo, esta advertencia va más allá de Pemex y busca consolidar una narrativa de integridad institucional en la relación entre el Estado y sus contratistas. Si bien los desafíos persisten, el pronunciamiento envía una señal inequívoca de que la administración federal no sólo reconoce los riesgos, sino que está decidida a confrontarlos sin ambigüedades.
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